Huelga legislar

¿Cómo es posible? La situación es fruto de la actual regulación del derecho de huelga, que combina un decreto-ley de 1977 con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y dota al Gobierno de poderes extraordinarios para evitar que un conflicto laboral cause graves daños a la economía del país o bloquee servicios básicos para los ciudadanos. Eso sí, siempre ‘in extremis’, cuando todas las demás vías de negociación y mediación han fallado. «Es una ley preconstitucional y de naturaleza autoritaria. Habría que aprobar una nueva», se queja Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras. «En general, funciona bien», opina por el contrario Jordi García Viña, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Franco había muerto dos años antes y España era una olla a presión. En 1976, año anterior a la aprobación del decreto sobre relaciones de trabajo, hubo 1.568 huelgas, en las que participaron 3,6 millones de trabajadores y que supusieron 110 millones de horas de trabajo perdidas. Una vez aprobada la Constitución, que declaraba el de huelga entre los derechos fundamentales de los españoles, el Tribunal Constitucional ‘blanqueó’ los aspectos más controvertidos del texto y numerosos artículos –como los relativos a la negociación colectiva o el despido– quedaron derogados por la aprobación de nuevas disposiciones específicas. Quedó pendiente la aprobación de una ley orgánica que regulara al detalle el ejercicio de ese derecho.

¿Es necesario aprobar una ley de huelga? Entre los partidos políticos, los agentes sociales y los especialistas en Derecho del Trabajo, las opiniones son diversas. Y contradictorias: la CEOE coincide con Podemos, UGT y el PSOEen que legislar sobre este derecho no es perentorio, mientras Ciudadanos y CCOOcreen que el tema merece un debate sosegado pero inaplazable. Por razones distintas, claro.

Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la patronal, destaca que los agentes sociales son conscientes de que la huelga es el último recurso en una negociación, por lo que su incidencia en España ha ido en claro descenso desde la Transición. A su juicio, la legislación vigente se ha mostrado suficiente para resolver los problemas en torno a esta forma de protesta, con excepciones. «Hay pocas huelgas, pero las que hay están conectadas con la Administración pública o empresas semipúblicas y su impacto es altísimo. La incidencia en la empresa privada es muy poquita. Es un elemento de salud laboral», asegura.

«Más que desarrollar una ley, lo que hace falta es despenalizar el derecho a la huelga», zanja Rafa Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. El diputado de la formación morada recuerda que en España hay más de 300 sindicalistas imputados en aplicación de la llamada ‘Ley Mordaza’ o el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de prisión para las conductas coercitivas de los piquetes. En su opinión, las voces que reclaman ahora una nueva ley «tratan de desenfocar el problema fundamental, que es la desvalorización de los salarios, la precarización del empleo y las privatizaciones que favorecen a los especuladores, pisotean los derechos de los trabajadores y no mejoran los servicios públicos».

Toni Ferrer, actual secretario de Empleo y Relaciones Laborales en la ejecutiva del PSOEy ex número dos de UGT, lo corrobora. «Es un debate interesado que se desempolva cada vez que hay un conflicto con impacto sobre los usuarios. En realidad, lo que se pretende es recortar el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga y avalar prácticas claramente autoritarias como las que está llevando a cabo el Gobierno», señala Ferrer. Fuentes de la dirección del sindicato, por su parte, afirman que «el derecho de huelga ya está regulado y solo hay que cumplirlo».

Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC OO, llega a una conclusión muy diferente. El problema, argumenta, es que el articulado de la norma original y las sentencias del Alto Tribunal dejan al arbitrio del gobierno de turno determinar cuáles son los servicios esenciales e imponer en qué proporción debe cumplirlos la plantilla en huelga. «En muchos casos los tribunales nos han dado la razón: eran abusivos», recuerda. Admite que legislar «en caliente» no es buena idea. «Pero somos una sociedad madura y podemos abordar el debate de una manera sosegada y fría», asegura.

Quien más decididamente apuesta por aprobar una ley «consensuada por todos los grupos parlamentarios» es Ciudadanos. España, subrayan fuentes de la dirección del partido naranja, necesita «una ley que responda a las necesidades actuales de nuestra democracia y que en lugar de parchear la de 1977 ofrezca una visión de conjunto». El proyecto iba en su programa electoral y ha sido objeto de varias iniciativas parlamentarias. El objetivo es «establecer el equilibrio entre la protección al derecho a la huelga y el derecho al trabajo». Los servicios mínimos en áreas esenciales son «el único mecanismo para evitar daños desproporcionados a la sociedad a raíz de un conflicto laboral», pero a menudo «no están bien definidos y han sido mal aplicados».

Los expertos también razonan en la misma dirección. Jesús Lahera Forteza, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, considera «imprescindible» un nuevo texto, porque una regulación basada en la jurisprudencia produce «inseguridad jurídica». Aboga por clarificar los servicios mínimos esenciales con un modelo más consensuado entre las partes: «Ahora los fija el Gobierno sin apenas control y la consecuencia es que carecen de legitimidad y no se cumplen». Otro problema es adecuar la norma a las nuevas formas de organización productiva, como las contratas. «Los conflictos afectan casi siempre a terceros –la empresa principal que subcontrata o los clientes que reciben servicios– y hay que poner límites adaptados a ello».

Para el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Cruz Villalón, hay dos vacíos muy importantes en la regulación actual. Uno, la definición exacta de los servicios esenciales, porque la jurisprudencia no la aclara del todo. En general, son los que afectan a derechos fundamentales: así, una huelga de profesores podría vulnerar el derecho a la educación. Pero hay matices: si un conflicto laboral bloquea un aeropuerto, el impacto no es el mismo para las personas con residencia en las islas, que no tienen alternativa al transporte aéreo, que para las que viajan a la península. Y no es tan esencial la atención sanitaria en las consultas de primaria o cirugía programada como en urgencias. La ley, insiste, debería regular de forma más minuciosa todos estos supuestos.

Por ejemplo, el Gobierno se ha apoyado en la actual normativa para establecer servicios mínimos del 90% a los 400 trabajadores de Eulen en El Prat, un porcentaje que tanto los sindicalistas como algunos expertos consideran «abusivo». «El tiempo de espera de los viajeros está siendo de 4 minutos, más reducido que en una situación normal», lamenta Cruz Villalón, árbitro de conflictos laborales. A su juicio, el establecimiento de los servicios mínimos esenciales debería buscar el equilibrio:«Que la huelga tenga un efecto, porque es el derecho de los trabajadores, y que no produzca un daño desmesurado a los usuarios». Y el segundo gran vacío es, según su criterio, la huelga de los funcionarios, a los que ‘de facto’ se aplica la regulación general.

La experiencia de las cuatro últimas décadas demuestra que la ley de huelga es un asunto delicado, incómodo, al que ningún gobierno se ha decidido a meter mano en cuatro décadas. En 1993, Felipe González –agobiado por la conflictividad social tras la reconversión industrial– acordó con los sindicatos un borrador que fue aprobado por el Congreso y el Senado, pero entró en vía muerta y, tras las elecciones, que volvió a ganar el PSOE, ya no vio la luz.

El PPes otro ejemplo: en 2010, en la oposición y tras la huelga «salvaje, insolidaria e ilegal» –según los populares– de los empleados del Metro de Madrid, exigía al Ejecutivo de Zapatero que acometiese ya la redacción de la norma. En 2012, ya en el poder, la ministra Fátima Báñez afirmaba que la ley no era una prioridad. Solo un año después, tras un paro laboral que inundó Madrid en basura, Mariano Rajoy anunció que había encargado estudiar la regulación de los servicios mínimos en sectores estratégicos. Hasta hoy.

«Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena», admite Jesús Cruz Villalón. Y parece que 2017, con la huelga de los estibadores aún en la memoria y el horizonte de un ‘otoño caliente’ en los aeropuertos,será un año de fuertes tormentas.