El Ministerio de Igualdad, una legislatura en el ojo del huracán

Las discrepancias entre Ferraz y la cartera que dirige Irene Montero vienen de muy lejos, concretamente desde febrero de 2020. Cuando la coalición contaba tan solo con dos meses de vida y la pandemia aún no había terminado de estallar. El entonces vicepresidente Pablo Iglesias reconocía que la postura de Podemos pasaba por «tragar sapos» en busca del bienestar común del Gobierno, acusado en ese momento de «ilegítimo» por la oposición. Pero los dos socios no tardaron en chocar por primera vez después de que las ministras Irene Montero y Carmen Calvo -representantes de dos corrientes distintas del feminismo, ahora enfrentadas- airearan sus diferencias por la Ley de Libertades Sexuales, conocida posteriormente .

Aquella lucha por abanderar el movimiento feminista dentro del Ejecutivo provocó la convocatoria urgente de la primera reunión de la Comisión del Seguimiento del Pacto de Coalición. Un órgano que PSOE y Podemos se habían dado para solucionar, en privado, sus diferencias. Pero la tensión estalló fuera de la sala del Consejo de Ministros después de que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias insinuara que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (ahora vocal del Tribunal Constitucional), era un «machirulo» por dudar de la legalidad del texto presentado por Podemos. Este había alegado «defectos técnicos» en el borrador.

Las negociaciones se alargaron hasta 2022, con la necesidad del consentimiento para las relaciones sexuales -y la violación de La Manada en Pamplona en 2018 en el recuerdo- como eje central de las discrepancias entre socialistas y morados. Aunque acabó aprobándose con una amplia mayoría en el Congreso y entrando en vigor el 7 de octubre, la norma introdujo cambios e unificó los tipos penales de abuso y agresión sexual y también varió el abanico de condenas posible, rebajando el suelo de este tipo de delitos. El artículo 2.2 del Código Penal recoge la obligación de revisar a la baja las condenas cuando un cambio legislativo como éste afecte a una sentencia, y es lo que llevan aplicando un gran número de jueces a lo largo de todo el país, que han rebajado la condena de más de 140 delincuentes sexuales, con una veintena de excarcelaciones.

Desde entonces, el Gobierno sigue atascado con el siguiente paso a tomar respecto a la ley del 'solo sí es sí'. Mientras Podemos rechaza cambiar el texto y pone el foco en los jueces, en el PSOE continúan dando bandazos entre la necesidad de «realizar ajustes técnicos», aguardar a que el Tribunal Supremo fije doctrina cuando revise en casación alguna de las modificaciones realizadas por audiencias provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, o, directamente, mantener el texto legal tal y como fue aprobado.

Desde Moncloa ya trataron de limitar la retroactividad de las penas introduciendo una enmienda transitoria en la última reforma del Código Penal para introducir una enmienda. Así lo recomendaba la Fiscalía General del Estado y algunas audiencias provinciales, aunque el alcance no está siendo el deseado ya que el único efecto de este parche es el de intentar aclarar la voluntad del legislador. «Un toque de atención a los tribunales para decir 'oiga, no me vayan por ahí'», describió entonces el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

La otra ley por la que una parte del PSOE se han enfrentado al Ministerio de Igualdad, ha sido la 'ley trans'. El proyecto se aprobó el pasado 22 de diciembre con 188 votos a favor de los socios de Gobierno, 150 en contra de PP y Vox, y siete abstenciones; entre ellas, la de Carmen Calvo, la figura socialista más visible en cuanto a la oposición a esta norma, que ahora mantiene la resistencia dentro del partido. «Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley», zanjó a su salida del Congreso.

El nudo gordiano -y la principal causa de disenso- se ha centrado en la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar su sexo en el DNI solo con su voluntad. La cuestión, sobre todo en lo que atañe a los menores de 14 y 15 años, ha sido motivo no solo de batallas políticas entre PSOE y Unidas Podemos, y entre el bloque de la derecha contra el de la izquierda, sino también dentro del movimiento feminista, que ha sufrido la mayor fractura de su historia por las posiciones encontradas ante esta norma, concretadas en dos de las fechas más señaladas cada año: el 8 de marzo (Día de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia Machista), en la que ambas corrientes desfilaron de manera separada por las principales ciudades del país, evidenciando una división sin precedentes en el movimiento.

Durante este tiempo, la figura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha estado en el punto de mira de la oposición, al igual que pasó con Bibiana Aído, cuando ocupó el mismo cargo durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta posición a la defensiva ha llevado a la número dos de Podemos a protagonizar alguna salida de tono en el Congreso cuando acusó en diciembre al PP de «promover la cultura de la violación».

La descalificación provocó una sonora algarada en la bancada popular y también en la de Vox, que el día antes había visto como a una de sus parlamentarias, Patricia Rueda, se le había retirado el uso de la palabra por calificar a Bildu como «filoetarra» y negarse a retractarse. Los de Santiago Abascal habían abandonado en bloque el hemiciclo tras este incidente.

Lejos de retractase o retirar lo dicho, la titular de Igualdad justificó su salida de tono haciendo referencia a una campaña de la Comunidad de Madrid contra la sumisión química. «¿Entonces, cómo le llaman ustedes a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor, como han hecho en la campaña institucional de Madrid?», respondió visiblemente enfada mientras, a su espalda, la bancada del PP estallaba entre un tremendo alboroto. Y alegó que el término «cultura de la violación» se refiere precisamente a poner el foco en la víctima y no en el agresor.