Montero y Díaz prolongan el pulso por la tributación del nuevo salario mínimo

Apenas quedan diez días para que expire el plazo de que dispone el Gobierno si pretende reclamar a la Cámara baja que frene la tramitación de los textos amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución -«Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación»- y los socialistas aseguran que la decisión de ejercer ese derecho de veto está tomada. Puede ser esta misma semana o, apurando los 30 días laborables que marca el Reglamento del Congreso, la siguiente; lo que, según fuentes gubernamentales, es más probable. Pero, insisten, se hará.

Esa mera decisión recrudecerá el choque entre los socios de coalición. Que el Gobierno vete no significa que el órgano de gobierno de la Cámara baja tenga que aceptar de manera automática su criterio. Según la jurisprudencia del Constitucional, las objeciones que el Ejecutivo pueda plantear a la tramitación de una iniciativa tienen que estar bien argumentadas y el descuadre presupuestario alegado debe referirse a las Cuentas del año en curso. El PP y la formación de Díaz, que juntos suman mayoría en la Mesa, podrían objetar que ese requisito no se cumple y rechazarlas. El PSOE pone en duda que Sumar esté dispuesto a hacer pinza con el primer partido de la oposición. Pero la también ministra de Trabajo ya ha dejado claro que, en este tema, esa coincidencia no le inquieta.

El hecho de que Podemos, su principal rival electoral, presione en la misma dirección no es sino un acicate para que Díaz mantenga el pulso al PSOE, como ya hizo en la negociación de la reducción de la jornada laboral. Sobre todo, porque el debate, enterrado estos días bajo otras polémicas -la quita de la deuda autonómica pactada con ERC, el acuerdo con Junts para ceder a la Generalitat las competencias en inmigración o la ya mencionada aceleración del gasto en defensa- volverá a estallar, justamente, en vísperas de la asamblea que Movimiento Sumar, el proyecto que ella impulsó y lideró hace dos años y que hoy se encuentra en horas bajas, celebrará el 29 y 30 de marzo para tratar de coger impulso.

En los últimos tiempos, la vicepresidenta segunda -que siempre fue una aliada menos belicosa para Sánchez que Pablo Iglesias, al que sucedió en el cargo la pasada legislatura por deseo expreso de este antes de su traumática ruptura- ha ido marcando de forma acusada perfil propio y no se ha ahorrado el tono duro. Llegó a cuestionar la bonhomía del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por intentar modificar el acuerdo al que ella había llegado con los sindicatos para imponer la jornada laboral de 37,5 horas; afirmó que en el Ejecutivo hay ministros «neoliberales» (casi un insulto para un socialista); y se ha cruzado acusaciones de «populismo» con la vicepresidenta primera.

La crisis por la tributación del SMI estalló, de hecho, a la vista de todos tras el Consejo de Ministros del 11 de febrero. Díaz, que se topó con la noticia de que esta vez la subida de esa percepción no iría acompañada de una elevación del mínimo exento de IRPF camino a la sala de prensa de La Moncloa, no hizo el más mínimo esfuerzo por esconder su malestar.