La pérdida del control de la Mesa dejaría maniatado un Gobierno de Sánchez

El líder socialista criticó a Mariano Rajoy por asfixiar el debate parlamentario y gobernar a golpe de decreto, pero desde su llegada a la Moncloa ha seguido los pasos de su antecesor y se ha abonado a este recurso para desarrollar su acción de gobierno. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo de coalición recurrió a esta fórmula, que en principio está reservada para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», para sacar adelante hasta 96 iniciativas sin el paso ordinario por las Cortes, impidiendo a los partidos enmendar o participar en la elaboración.

Si bien es cierto que la pasada legislatura comenzó con la irrupción de la pandemia –y el posterior estado de alarma–, circunstancia que justificó un mayor uso de la fórmula del decreto-ley por la urgente y extraordinaria necesidad de las medidas que el Gobierno tenía que aprobar, también lo es que Moncloa ha recurrido a lo largo de los últimos tres años una y otra vez a esta herramienta para sacar adelante iniciativas legislativas de calado. Como cuando se apoyó en ella para aprobar la reforma laboral, el nuevo sistema de cotización de los autónomos o el de las pensiones.

Por este motivo, el PP ha recurrido al Tribunal Constitucional, que en múltiples ocasiones ha declarado inconstitucional el uso de esta fórmula legal por los sucesivos ejecutivos. Sin embargo, la corte de garantías, de mayoría progresista, desestimó el pasado marzo el recurso de los populares contra el real decreto de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Aunque la sentencia contó con el voto particular conjunto formulado por los magistrados del sector conservador que remarcaron que elaborar normas por parte del Gobierno en detrimento del Parlamento afecta a la separación de poderes e «imposibilita» que los representantes populares puedan debatir y en su caso aprobar tales normas, «menoscabando el principio democrático».

De los 96 reales decretos aprobados en el Congreso, 54 lo han sido por el compromiso de PSOE y Podemos de tramitarlos como proyectos de ley. De ellos, unos cuantos caducaron, ya que las normas eran temporales, y otros 24 se quedaron bloqueados en su tramitación tras ir ampliándose durante meses los plazos de enmiendas con el plácet de la Mesa. Una maniobra que beneficia, además, al propio Ejecutivo porque su decreto ley ya está en vigor, sin las enmiendas que podrían incorporarse durante su recorrido parlamentario.

Los populares creen que si la Mesa vuelve a estar bajo el control del PSOE permitiría seguir a Sánchez gobernando a golpe de decreto mientras que si cae en sus manos impedirían al uso de esta fórmula legal porque exigirían «que se convierta en proyecto de ley» y, por tanto, al hipotético Gobierno de coalición «le tocará legislar». Para poder seguir sacando adelante sus iniciativas legislativas con este sistema y contrarrestar un Senado con mayoría conservadora, los socialistas necesitan conseguir que el jueves nacionalistas e independentistas hagan decantar la balanza a su favor.

Parapetado en la mayoría absoluta de la que goza en la Cámara alta, el PP podrá bloquear cualquier reforma constitucional que proponga el Congreso; decidir la aplicación de nuevo del artículo 155; o ralentizar la entrada en vigor de las leyes que apruebe la Cámara baja sin su apoyo. Otro palo en la rueda para un eventual Gobierno de Sánchez.