El PP registra en el Senado su ley del suelo que deroga aspectos clave de la actual norma que impulsó Podemos

Una iniciativa con la que los conservadores buscan agilizar la concesión de licencias de obras y derogar algunos de los aspectos más lesivos, en su opinión, de la actual norma que impulsó Podemos como las llamadas zonas tensionadas o el índice de precios de referencia de los alquileres con los que el Ejecutivo buscaba topar los precios y que la mayoría de las autonomías se han negado de momento a implementar. «Esta es la ley, ambiciosa y reformista, necesaria para revertir la situación», defendió la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín.

El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que la actual ley, que entró en vigor en 2023, ha tenido consecuencias letales para el mercado, pues ha reducido la oferta, ha disparado los precios, ha paralizado los nuevos desarrollos urbanísticos debido a la inseguridad jurídica, ha blindado la «impunidad» de los okupas y «criminalizado» a los propietarios. «No puede haber en España una generación perdida de la vivienda», argumentó el político gallego el jueves durante la presentación en Madrid del Plan Urgente de Vivienda del PP, en el que se incluye la ley del suelo.

Para agilizar la tramitación urbanística, los populares apuestan por conceder un plazo máximo de tres meses para la emisión de informes sectoriales, de manera que si no hay pronunciamiento se entenderá como positivo el silencio administrativo. Abogan por crear además una nueva figura, bautizada como 'proyecto residencial estratégico', que consisitirá en que durante un periodo de excepción de 48 meses los constructores podrán acceder a una vía administrativa más rápida que la habitual a condición de que la mitad de los pisos de las nuevas promociones estén reservados a vivienda asequible.

Se trata, defienden en el PP, de reducir a cuatro años el tiempo que se tarda de media en convertir un suelo rústico en un conjunto de viviendas para entregar en mano, que actualmente es de diez a quince años. Lo que sea, con tal de aumentar la la oferta ante la escasez actual de pisos en el mercado. «Todos los pasos los hemos dado en la dirección correcta: hacia una mayor seguridad jurídica en materia de urbanismo y una administración más eficaz en la gestión de los informes», justificó Martín.

La nueva ley de los populares ha levantado ampollas en el Gobierno, que recuerda a Génova que ya existe un texto que está registrado en el Congreso. Un «documento riguroso desde el punto de vista técnico», en palabras de la ministra de Vivienda, Isabe Rodríguez, que ayer invitó a Feijóo y a los suyos a darle su visto bueno para que ya luego, durante la tramitación parlamentaria, se puedan incluir todos los cambios que sean necesarios.

Los conservadores piden al PSOE «respetar» las instituciones y «no bloquear» en la Cámara baja la leyes que impulsan e insisten en que el Ejecutivo retiró su ley por falta de apoyos. Una norma que, en su opinión, era «poco ambiciosa» y dejaba «muchas lagunas» frente a la del PP. «Esta es nuestra apuesta por la política útil, que no es levantar muros sino construir viviendas», aseguró la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez.