PSOE y Podemos apuran la negociación del 'solo sí es sí' ante el vértigo de la ruptura

Sobre el áspero tira y afloja entre los dos aliados, canalizado a través de los equipos de Igualdad y de Justicia liderados por dos mujeres, pesa la carga de tres circunstancias fijadas de antemano. Primero, hay ya una decisión tomada: la del presidente Sánchez, quien tras haber descargado durante semanas en la Fiscalía y el Supremo la responsabilidad de desbrozar cómo se aplica la ley, ha ordenado enmendarla después de que haya desembocado en la rebaja de penas a tres centenares de delincuentes sexuales ya condenados. En segundo lugar, los socialistas han traducido el mandato del presidente en la determinación de presentar una proposición de ley en el Congreso lleve o no la firma adjunta de sus socios de Ejecutivo.

Y para terminar, Unidas Podemos ha accedido a modificar el texto legal pese a renegar de su necesidad -lleva haciéndolo desde principios de diciembre sin que ni Sánchez, ni Llop, ni Montero ni nadie del Consejo de Ministros lo desvelaran entonces a la opinión pública-, pero sin moverse un ápice de su línea roja: que la reforma no toque el consentimiento, piedra angular de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual que fusionó en un único tipo delictivo los abusos y la agresiones para evitar que casos como el de La Manada quedaran sujetos, de manera excesiva y contraproducente a ojos de Igualdad, al criterio de los jueces y tribunales de turno. La cuestión sigue sin ser pacífica, y no hay posiciones unívocas sobre la redacción de la norma y sus efectos ni entre los juristas ni en el arco parlamentario, aunque la norma fue aprobada por una holgada hegemonía de 200 escaños que no concitó ni al PP ni a Vox.

El meollo proseguía ayer, con la sexta propuesta de cambio de Igualdad sobre la mesa de Justicia, en cómo conjugar una modificación de las nuevas horquillas del artículo 178 y sucesivos del Código Penal tras considerarse todo como agresión sexual, medie o no intimidación o violencia, y preservar, al tiempo, la esencia de que únicamente son lícitas las relaciones basadas en el 'sí es sí'; es decir, en el consentimiento. La mayoría socialista del Gobierno sostiene que es en eso en lo que trabajan Llop y los suyos, cuyo esbozo de cambio pasaría por elevar las penas mínimas -regresar, por ejemplo, en el tipo básico de violación de los 4 años actuales a los 6 previos- reintroduciendo la variable violenta pero manteniendo en un único delito el abuso y la agresión. Igualdad se aviene a modular al alza la parte baja de las horquillas o a endurecer algunas agravantes. Pero en el ministerio y en Unidas Podemos recalcan que la idea de Justicia es inasumible porque revierte, en la práctica, la conquista del consentimiento.

El PSOE y Podemos batallan así por el huevo -frenar, siempre sobre condenas futuras, los beneficios para los condenados por ilícitos sexuales- y por el fuero -el consentimiento-. Sin pacto, los socialistas están abocados a sacar su reforma en solitario con el PP, el mismo que tilda la ley de «chapuza» y que ofrece el caramelo envenenado de sus votos a Sánchez en un dilema que puede dinamitar el Gobierno más que cualquier otro. Por quién es Irene Montero y por el icono en que se ha convertido esta ley para los morados.

Mientras los populares presionan al PSOE, los socialistas insistieron en que quieren acordar con sus socios y abren la puerta a dilatar hasta el lunes el órdago a la grande que supondría llevar al Congreso una reforma unilateral. Lo que termine ocurriendo es impredecible. Podemos ha llamado a sus inscritos a participar este domingo en un acto en Madrid de arropamiento a Montero bajo un lema elocuente -'¿Consentiste o no?'- y con una convocatoria que señala a sus socios por ceder a «las presiones» de la derecha.