Sánchez insta a Casado a buscar un pacto de Estado en vivienda

La norma, de la que Pedro Sánchez asegura sentirse «muy orgulloso», es de ámbito estatal pero algunos de sus mecanismos solo podrán ser aplicados si así lo quieren las administraciones autonómicas y locales. Son los gobiernos autonómicos los que deben solicitar a la Administración central que declare una zona como «tensionada» para poder congelar u obligar a bajar precios y son los ayuntamientos los que tienen en su mano imponer o no un recargo del 150% en el IBI a las viviendas vacías de quienes posean cuatro casas o más.

Casado argumentó, en una entrevista en Telecinco, que lo que han pactado los dos partidos del Gobierno es un «intervencionismo suicida» que redundará en un aumento de precios y que prueba su radicalidad. Sánchez, sin embargo, le conminó a «dar una oportunidad» a la tramitación parlamentaria.

El jefe del Ejecutivo, en Eslovenia para una reunión informal del Consejo Europeo, llegó a afirmar que le gustaría poder convertir la ley en un «acuerdo de Estado» del que participaran todas las fuerzas políticas porque el de la vivienda es un problema común de todos los ciudadanos «voten lo que voten». También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los artífices del acuerdo con Podemos, adujo en TVE que las comunidades que no apliquen la ley estarán perjudicando tanto a pequeños propietarios como a inquilinos.

Las posibilidades de que el PP cambie de posición son más que remotas. El propio PSOE se mostraba hasta hace muy poco reticente a establecer topes al precio del alquiler. Finalmente, accedió a ello, aunque sea de forma parcial y haciendo distinciones entre grandes y pequeños tenedores, para poder desatascar la negociación de los Presupuestos, condicionada a este asunto por sus socios. Sánchez admitió ayer, de hecho, que da una enorme importancia a que este año se aprueben unas nuevas Cuentas y no haya que prorrogar las siguientes.

En ese afán por lanzar un mensaje de estabilidad tanto de puertas adentro como hacia Bruselas, de la que espera recibir para 2022 otros 25.000 millones de euros del fondo de recuperación, el jefe del Ejecutivo también acabó aceptando subir el Salario Mínimo Interprofesional este año pese al desacuerdo de los empresarios y fijar ya, antes de que los países de la OCDE alcancen un acuerdo para materializarlo, un tipo efectivo de Sociedades del 15% para las grandes empresas.

Lo que, sin embargo, no fue producto de la presión de UP fue la inclusión en los Presupuestos de una ayuda directa al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años con salarios inferiores a los 23.700 euros al año. Un anuncio que se reservó Sánchez el martes, solo unas horas después de comunicar el acuerdo sobre la ley de vivienda, y que pilló por sorpresa al socio minoritario del Ejecutivo.

La líder de Podemos, Ione Belarra, no ocultó que 'a priori' la iniciativa despierta recelos en su partido. «Me parece la mejor de las noticias poder dar una ayuda a la gente joven pero lo que ocurrió en el pasado –advirtió en Rne– es que si das una ayuda sin regulación, lo que hacen los arrendadores es subir los precios no solo a los jóvenes sino al conjunto de la población que ya dedica al alquiler el 40% de sus ingresos».

Este miércoles Sánchez anunció otra medida similar; esta vez, un bono de 400 euros para que los jóvenes gasten en cultura.