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No hizo un llamamiento genérico a las fuerzas parlamentarias para que den su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado que, según el lema acuñado en la Moncloa, están destinados a propiciar una «recuperación justa», no. Pedro Sánchez dio este miércoles directamente por sentado que ... contará con el apoyo de sus aliados habituales en lo que va de legislatura.
El proyecto, en el que lleva meses trabajando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido aún aprobado por el Consejo de Ministros. Ni siquiera se ha escenificado todavía el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, los socios de la coalición gubernamental, como paso previo a su envío al Congreso de los diputados. Pero el jefe del Ejecutivo –que ya se ha comprometido a no ir más allá de finales de mes o principios de octubre– garantizó a su grupo parlamentario, durante la primera reunión del nuevo curso político, que no habrá ningún problema.
En la Moncloa sostienen que, a pesar de que en las últimas semanas se han hecho evidentes los roces con sus coaligados en asuntos como la respuesta a las alzas en el precio de la luz y las devoluciones de menores a Marruecos, o de que siguen en pie las desavenencias en torno a la ley de vivienda –cuya aprobación ya se vinculó con las cuentas de 2021–, la relación está bien engrasada. E invitan a fijarse más en las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en las de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.
En el entorno de Sánchez también dan por descontado que, como ocurrió hace un año, fuerzas como Esquerra o EH-Bildu pondrán los objetivos sociales por delante de sus demandas identitarias, lo que facilita la negociación; no en vano, las de 2022 serán de nuevo unas cuentas expansivas. En julio se aprobó el techo de gasto más elevado de la historia gracias, en buena medida, a la inyección de fondos europeos, que en esta ocasión rondará los 26.400 millones de euros.
Hace dos años y medio, fueron precisamente los republicanos los que obligaron a Sánchez a convocar elecciones al presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos (movimiento que siguió Junts) porque no se atendía su demanda de que la Fiscalía retirara las acusaciones contra los impulsores del ‘procés’. Ahora, dicen los socialistas, el clima es completamente distinto por diversos motivos: la pandemia, el desgaste del independentismo, su división interna y el efecto balsámico que, a su juicio, ha tenido la salida de la cárcel de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y el resto de condenados gracias a los indultos.
En el entorno del jefe del Ejecutivo aseguran que están muy comprometidos con el diálogo en Cataluña, pero ya no sienten que pueda condicionar como antaño la marcha de la legislatura. Sánchez ni siquiera mencionó el asunto en el balance de fin de curso que realizó a finales de julio, tras la crisis de Gobierno; volvió a obviarlo hace una semana en su primer acto de la temporada, en Casa de América, y lo ignoró este miércoles en la intervención ante el grupo parlamentario socialista, pese a que la semana que viene está previsto que se celebre la primera reunión de la mesa, tal y como acordó en verano con el presidente catalán, Pere Aragonès. Una reunión en la que ni siquiera ha garantizado su asistencia.
El hecho de que el propio Aragonès haya desvinculado en varias ocasiones la posición de su partido respecto a los Presupuestos del devenir de la mesa de diálogo da a Sánchez una tranquilidad que trató de transmitir a los suyos. En Moncloa aseguran manejar encuestas que dan por superando el batacazo del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Y el jefe del Ejecutivo llamó a hacer oídos sordos a los augurios del PP, que ya da por segura su victoria en las próximas generales, previstas para finales de 2023. «Aquellos que decían que no llegaríamos a tener al 70% de la población con la pauta de vacunación completa en 8 meses se equivocaron y se volverán a equivocar», sentenció.
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