El Supremo dicta su tercera rebaja de pena para un abusador por la ley del 'solo sí es sí'

Los hechos ocurrieron cuando el condenado se encontró a la joven, que entonces tenía 15 años, en una calle de Campohermoso (Almería) y la convenció para que subiera a su coche diciéndole que la iba a llevar a su casa. La menor, en principio, se negó pero finalmente accedió al ser una persona a la que conocía de la localidad. Después, el condenado se trasladó a un descampado y cometió la agresión sexual. La Audiencia Provincial de Almería y el Tribunal Superior de Justicia de Almería le impusieron una condena de 12 años de prisión por un delito de violación, que era la pena mínima legal prevista para ese delito en la anterior ley.

El Supremo se pronunció por primera vez sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' en el 'caso Arandina' -en el que dos futbolistas de este equipo fueron condenados por abusar de una menor- y su respuesta fue clara: se rebajará la pena impuesta por delitos sexuales si es más favorable al reo tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno. A los dos condenados se les rebajó un año de prisión. Después, el alto tribunal redujo de nueve años de reclusión a cuatro a un hombre que realizó tocamientos a varias menores en Álava.

Son ya tres las sentencias de este tipo dictadas por el Supremo. Mientras, desde el Gobierno se mantiene que se esperará a que el tribunal cree doctrina antes de acometer una reforma de la ley a la que Unidas Podemos se niega, al considerar que el texto está siendo manipulado por jueces conservadores -«fachas con toga», según definió la ministra Irene Montero-.

En el caso de Almería, el Tribunal Supremo explica que los hechos probados encajan ahora sin margen de discusión en el nuevo artículo de la agresión sexual -181. 1, 2 y 3 segundo inciso del Código Penal-, castigado con una pena que oscila entre los 10 y los 15 años.

La sentencia afirma que tal y como ha informado el fiscal en el traslado que se le ha dado, la pena de 12 años es también ahora imponible, lo que abocaría a que no se modificara en el caso de que el tribunal de instancia hubiera elevado la pena por encima de su umbral. Sin embargo, recuerda que «no fue así» y que «todos los intervinientes en el proceso, desde sus respectivas ópticas, descartaron razones que justificaran una penalidad que rebasara el mínimo legal. Y esa conclusión nos obliga ahora a efectuar esa comparación normativa, precisamente a partir de ese límite mínimo de la pena privativa de libertad».

Para la Sala, «la disminución en el límite mínimo por el que en su momento se decantaron, no solo la acusación, sino también el tribunal sin objetar razones que según su criterio justificaran un mayor reproche traducido en cantidad de pena, determinan, como ha solicitado la parte recurrente, la aplicación retroactiva de la nueva norma fijando ahora la pena en 10 años de prisión».

Por otra parte, el tribunal precisa que en este caso la condena a 15 años de inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto directo con menor de edad se mantiene al corresponderse con el mínimo imponible con la nueva norma. Tampoco se modifica la medida de libertad vigilada, en este caso por un periodo de 10 años, puesto que tampoco ha cambiado con la actual regulación.

En su sentencia, ponencia de la magistrada Ana Ferrer, la Sala señala que la entrada en vigor de la LO 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, obliga efectuar la comparación normativa a efectos de determinar si la nueva regulación resultara más beneficiosa al condenado, pues de ser así, por aplicación del artículo 2,2 del Código Penal habrá de serle retroactivamente aplicable, como ha ocurrido en este caso. Recuerda que ha consolidado un cuerpo de doctrina para supuestos de sucesión normativa, según el cual el cotejo debe hacerse comparando en bloque ambos esquemas normativos, pues solo así puede detectarse qué régimen resulta más beneficioso para el condenado.

Añade que la comparación ha de hacerse a partir de la penalidad impuesta, ya que no corresponde a la Sala de casación efectuar una nueva determinación de la pena emitiendo un juicio de proporcionalidad en atención a la gravedad de la culpabilidad y la ponderación de las circunstancias que permitan detectar una mayor o menor reprochabilidad de los hechos. El control en casación de la corrección de la pena aplicada se contrae a la comprobación de la existencia de un razonamiento en relación con los factores expuestos y que éste no ha sido arbitrario, concluye la Sala.