El tanatorio investigado en Valladolid cambió miles de ataúdes caros por otros baratos

Este dato fue casi el único novedoso aportado durante la rueda de prensa, en la que la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, insistió en que todavía queda mucho trabajo por hacer para desentrañar esta estafa continuada que, al parecer, se remontaría al año 1995. Al menos, en esa dirección apuntan las pruebas de que se disponen hasta el momento, miles de documentos y archivos cuyo estudio podría alargarse varios meses. Barcones reconoció que el caso cobra especial importancia porque «toca la fibra sensible» de los ciudadanos cuando se sienten «más vulnerables», cuando pierden a sus seres queridos y el «ultraje es mayor».

Ni la delegada del Gobierno ni el jefe de Policía se atrevieron a dar cifras del daño causado ni de los beneficios económicos ilícitos conseguidos por esta empresa familiar, pero sí subrayaron que se han producido en todos estos años «miles de casos y por valor de varios millones de euros». Los presuntos autores de la estafa sustituían los ataúdes más costosos por otros de ínfimo valor, que eran los que se quemaban, y los caros se revendían. Lo mismo hacían en los velatorios y funerales con las coronas de flores y centros, que se los colocaban a otros clientes. Según la OCU, de los 3.500 euros de media que cuesta un entierro en España, el féretro es la partida más cara y puede costar entre 600 y 2.600 euros.

La investigación, que arrancó en 2017 a raíz de la denuncia presentada por un trabajador que tuvo «un desencuentro» con la dirección de la funeraria, está dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que ordenó un total de siete registros, entre ellos, el de los dos centros de cremación del grupo funerario en Valladolid y en la localidad de Santovenia, que se sucedieron desde las ocho de la mañana del jueves. Entre los detenidos figuran los dueños y varios trabajadores de los tanatorios, a quienes se les investiga por estafa continuada y pertenencia a organización criminal, si bien no se descarta que, en el trascurso de las pesquisas, la Fiscalía pueda atribuirles otros delitos relacionados con la mala praxis en la manipulación de los cadáveres.

En total, la plantilla está formada por 70 personas. Además del dinero en metálico que se ha incautado en los registros, la Policía se ha llevado ocho ordenadores, un servidor «y un impresionante volumen de documentación, entre los que se encuentran los libros de registro», explicó Zurita, «con lo que nos queda todavía mucho trabajo por delante».

Ahora es el turno de la Unidad de Delincuencia Económica y de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Hay entre seis y ocho metros cúbicos de documentación que llevará meses analizar. Virginia Barcones señaló que la actividad en los tanatorios continuará y reconoció que ya les han llegado varias denuncias de personas que anuncian la interposición de demandas.