Óscar Puente

Ministro de Transportes

«No hay un trato de favor hacia Cataluña, pero sí diferenciado»

–El pacto con Junts para la investidura de Pedro Sánchez contempla, de momento, condonación de deuda, concesión de los tributos que se pagan en Cataluña, un plan para que regresen las empresas que se fueron a raíz del referéndum ilegal, la puerta a un pacto fiscal... ¿No vulnera esto la solidaridad interterritorial que marca la Constitución?

–Nos hacemos un poco de lío en nuestro país con la condonación de la deuda porque lo único que hace es cambiar de manos. El Estado asume la responsabilidad del pago y el presidente ha ofrecido hacer lo mismo al resto de comunidades. Lo de la gestión de los impuestos era una pretensión de Junts, pero no forma parte del acuerdo. Al menos, de momento. Cataluña, en muchas ocasiones, ha sido la primera en reivindicar y la primera en obtener, pero el resto ha ido detrás. Quiero recordar la cesión del IRPF que hizo en su momento José María Aznar a Jordi Pujol y es algo que luego acabaron reivindicando y obteniendo el resto de comunidades. Es decir, que se empieza por Cataluña pero se acaba trasladando un dibujo similar al resto de comunidades. La igualdad territorial no se puede medir solo en términos de financiación autonómica, que sin duda también.

–¿No hay un trato de favor hacia Cataluña entonces?

–No, hay un trato diferenciado. De hecho, en una materia que a mí me toca, que son las infraestructuras ferroviarias de cercanías, se ha hecho una propuesta al conjunto de comunidades autónomas porque la ley lo permite. No es un tema sencillo, no lo va a ser en el caso de Cataluña, ni lo ha sido, porque este proceso ya se inició allí en 2010. Estamos culminando un proceso que tuvo su inicio hace 13 años.

–Justifican estos pactos y la amnistía en que quieren pacificar y normalizar Cataluña. ¿Por qué no se hizo en la anterior legislatura y no ahora por necesidad, por los siete votos de Junts?

–Durante la anterior legislatura se hicieron muchas cosas en esa materia: los indultos, las reformas del Código Penal... El camino ya se estaba andando. Ahora se da un paso más, que es el de la Ley de Amnistía. Y que lógicamente tiene que ser diferente del de los indultos porque hay personas que no han sido sometidas aún a juicio. Por tanto, la solución ya no podía ser la misma si lo que queríamos era encauzar el problema y evitar que el conflicto político que se produjo en su momento se solucionara estrictamente en los tribunales. Eso al final es lo que se pretende: resolver una cuestión que en principio fue política haciendo política. Pero la amnistía es coherente con los pasos que se dieron.

–Ya, pero se podría haber planteado antes.

–Ni el presidente ni yo hemos eludido la cuestión de que el momento, evidentemente, ha condicionado la decisión. Pero también hemos añadido que esto se hubiera hecho aunque no hubiéramos necesitado los votos de Junts. Yo no veía –ni creo que nadie en el Gobierno viera– un escenario de una legislatura en el que no nos hicieran falta los siete votos de Junts, pero viéramos de nuevo procesos judiciales, condenas y encarcelamientos después de seis años del 1 de octubre de 2017 y después de que Cataluña, digamos, ha desinflamado mucho la confrontación. Se hubiera dado esta decisión. Probablemente no ahora y sí dentro de un año, pero se hubiera dado con falta o sin ella de los votos de Junts porque, a pesar de que esto se pueda ver como una circunstancia relacionada con la investidura, es una medida que tiene el fin de pacificar.

–El pacto ha abierto otra confrontación con el Poder Judicial por el 'lawfare'. ¿Cree que ha habido guerra sucia desde los tribunales para perseguir políticamente a los procesados por el referéndum ilegal?

–Yo, desde luego, no creo que haya habido una extralimitación por parte de los jueces más allá de la propia ley. Lo que no quiere decir que no haya un derecho a la crítica y que desde el independentismo no se vean así las cosas, pero esa no es la postura del PSOE. Sí que creo que en este país hay una utilización en muchas ocasiones de la justicia con fines políticos. Y que hay casos en los que hay una cierta intencionalidad política en algunas decisiones.

–Otras cesiones a Cataluña: el mediador para la negociación de Junts y PSOE. ¿Esta situación resta legitimidad al funcionamiento de los órganos constitucionales y proyecta una imagen de España hacia el exterior de debilidad?

–La imagen internacional de España es en este momento inmejorable. Esta cuestión tiene fuera de España muchísima menos atención de lo que algunos quieren hacer ver. El problema de los acuerdos que hemos alcanzado y de la relación entre el PSOE y el independentismo catalán es que partimos de una posición de enorme desconfianza mutua. Se ha considerado que era buena la existencia de un mediador que lime asperezas para encontrar un camino de entendimiento. Puede que chirríe y puede que sea abiertamente cuestionable, pero si al final conseguimos que quienes se salieron del sistema a través del cual hay que canalizar la política, vuelvan a él, será un esfuerzo bien empleado. En este país las diferencias se han estado ventilando por los cauces democráticos hasta que llegó la ruptura de 2017, que no provocamos nosotros, ni la gestionamos, nos la encontramos.

–La oposición acusa a Sánchez de entregar Pamplona a los etarras y que la moción de censura estaba prevista para conseguir el apoyo de Bildu en la investidura. ¿Ha surgido o estaba planificada?

–Lo segundo, lo niego categóricamente. Eso es falso. ¿Entendería alguien que Bildu hubiera consentido por activa o por pasiva que se hubiera formado un Gobierno con un partido que lo que pretende es ilegalizarles? Pero no solo a ellos, al PNV también. Niego categóricamente que eso sea así. Lo segundo, y lo he dicho en el Parlamento, no tengo ningún problema con que Bildu se haga con la Alcaldía de Pamplona. Me expreso en mi nombre y explico por qué Bildu no es ETA.

–Bueno, siguen sin condenar el terrorismo.

–Han cumplido con lo que les exigía la ley de partidos, que es rechazar el terrorismo. Tampoco el PP ha condenado al franquismo y lleva cuarenta y pico años haciendo política en este país. Bildu es un conglomerado de partidos que tienen orígenes y fines muy distintos. Óscar Matute no tiene nada que ver con ETA ni con su entorno político. El futuro alcalde de Pamplona condenó en su día el terrorismo y estuvo frente a ETA. Y se involucró en Bildu cuando renunció a ejercer la violencia. No es que lo diga yo, es que Sémper decía que simplificar hasta el punto de decir que Bildu es ETA no era posible. Y lo dijo hace muchos años. Y Javier Maroto pactó los presupuestos de su ayuntamiento y dijo que ojalá cundiera el ejemplo. A ETA le dijimos que si dejaban las armas y hacían política tenían un sitio en nuestras instituciones. Lo dijo hasta el señor Aznar: es mejor coger el acta de concejal o de diputado que empuñar un arma. Bueno, pues eso lo hemos conseguido y es un mérito de nuestra sociedad. Si con ellos no se puede pactar, ¿en qué se traduce su participación política? Si no se puede acordar nada con ellos y no se les permitir gobernar, ¿cuál es la traducción efectiva de su participación en política? No hay motivos para que la participación política de Bildu no sea en plenitud de derechos. Y deberíamos dar gracias. En este país se ha subido el salario mínimo interprofesional con Bildu y las pensiones con Bildu. Y ha sido en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Es momento de acabar con la falacia de que Bildu es ETA.

–¿Puede sobrevivir este Gobierno con la espada de Damocles de los independentistas?

–Espero que sí. Hay una cierta coincidencia de voluntad y de intereses. Y mientras eso siga produciéndose, y creo que no va a dejar de producirse en el corto plazo, el Gobierno tiene vocación de continuar. El Gobierno va a resistir porque va a seguir haciendo un buen trabajo por este país.