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Gonzalo Sellers
Domingo, 12 de marzo 2017, 08:12
Las finanzas de Cantabria se volvieron a resentir el año pasado. No sólo el Producto Interior Bruto (PIB) creció por debajo de la media española, sino que la deuda regional batió su récord histórico 2.823 millones y el Gobierno incumplió el objetivo de déficit ... al duplicar el máximo permitido por Madrid.
- Sanidad planes sanitarios, como la detección del cáncer de colon o contra las drogas, también se redujeron
- Medio rural las ayudas al sector pesquero y al desarrollo rural cayeron por culpa de las retenciones de crédito
- Déficit desde Madrid ya han pedido 90 millones de recortes para este año para cumplir los objetivos
Esto obligó al bipartito a hacer dos recortes de calado en el pasado ejercicio. El primero fue en febrero, cuando tuvo que retener 18,7 millones de varias consejerías para poder pagar la paga extra de 2012 que se debía a los funcionarios.
El segundo llegó en verano, cuando el Ministerio de Hacienda, ante el desfase entre ingresos y gastos que se avecinaba, obligó al consejero de Economía a meter la tijera para intentar cumplir el plan de estabilidad. Juan José Sota retuvo otros 16,7 millones de varias inversiones.
Pero, ¿de dónde salieron esos 35 millones de euros? ¿De qué partidas exactas se inmovilizaron fondos? Este periódico ha tenido acceso al listado detallado de las inversiones bloqueadas, que en su mayoría proceden de consejerías dirigidas por el PRC.
Las políticas de empleo, las carreteras y las inversiones para la reindustrialización de la Comarca del Besaya fueron las principales paganas de esos recortes, que también se extendieron a las ayudas al sector pesquero y al medio rural y a algunos planes sanitarios.
La Consejería de Obras Públicas fue la más castigada por las amputaciones presupuestarias, un castigo que lleva sufriendo desde 2011. En los últimos cinco años, los fondos para carreteras e infraestructuras descendieron un 30%. Por aquel entonces contaba con un presupuesto boyante de 121 millones de euros, muy lejos de los 85 con los que, en principio, contaba el dirigente regionalista José María Mazón para 2016.
Al final fueron casi 9 millones menos. No pudo usar el 8% del dinero destinado a rehabilitación de edificios y tampoco el 6% de las inversiones para competencias municipales. Obras Públicas también perdió uno de cada cuatro euros previstos para construir o mejorar carreteras 5,4 de los 20,5 millones iniciales, lo que retrasó todas las medidas previstas en el plan regional de mejora de comunicaciones que puso en marcha el Gobierno del PP y, después, heredó el bipartito.
Industrias y renovables
Economía también metió la mano hasta el fondo de la caja de la consejería de Industria, Turismo y Comercio, la segunda mayor damnificada con 6,6 millones bloqueados de los 60 con los que contaba. Es decir, más del 10% de su presupuesto fue recortado. Uno de los planes que más sufrió estas consecuencias fue uno de los compromisos estrella de la campaña electoral: la recuperación industrial de la Comarca del Besaya.
El Gobierno aprobó un plan con más de 60 medidas para poner en marcha durante tres años, antes de que lleguen los comicios de 2019. Una de las primeras acciones fue crear una mesa para reunir a la Administración con agentes sociales y económicos de la zona, una de las más castigadas por la crisis económica. Este órgano arrancó su actividad el año pasado y, según Sota, más del 60% de las medidas ya han dado los primeros pasos.
Además, Miguel Ángel Revilla aseguró haber conseguido de Mariano Rajoy el compromiso de incluir a la Comarca del Besaya como zona de urgente reindustrialización, lo que «posibilitará la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo en una zona con una alta tasa de paro», según sus palabras. Y otros partidos también intentaron, por su lado, poner su grano de arena, como el PSOE, que pidió 10 millones de euros en el Congreso, o Podemos, que exigió 125.
Mientras todo esto pasaba, el dinero de la Consejería de Industria destinado a este plan se recortó un 75% a lo largo del año. Es cierto que existieron partidas de otros departamentos del Ejecutivo que permitieron ofrecer líneas de avales a través del ICAF y que las ayudas a las contrataciones para desempleados fueron más generosas en esta zona, pero también lo es que los fondos de Industria para relanzar la actividad empresarial en Torrelavega y alrededores se redujo de 2,8 a 0,9 millones tras los recortes de Economía.
El consejero Francisco Martín no pudo usar 7 de cada 10 euros para incentivos a compañías privadas, fomento de eficiencia energética, empresas comerciales, infraestructuras públicas, incentivos a la innovación y al emprendimiento y la creación de nuevos productos turísticos en esos municipios.
Este mismo departamento no pudo cumplir su promesa de compensar a los municipios afectados por la paralización del teleférico de Vega de Pas, un proyecto estrella del Gobierno del PP que nunca convenció al bipartito y acabó en la papelera. A cambio, se propusieron otro tipo de medidas para potenciar el turismo en la zona, como villas termales y rupestres o un proyecto de caminos del Pas. Cada uno de ellos contaba con medio millón en el Presupuesto, pero los recortes alcanzaron los 310.000 euros. Es decir, sólo se usó el 38% del dinero.
5 millones de empleo
Ni siquiera las políticas de empleo se salvaron de la tijera. El Servicio Cántabro de Empleo, que ha sufrido una merma del 2,3% de sus fondos para este año, también tuvo que desviar el pasado ejercicio un 5,4% de su presupuesto 5,1 millones para frenar el desvío del déficit.
Economía restó, entre otras cantidades, 579.000 euros para los programas de la escuela taller; 440.000 del fomento para la contratación indefinida; 107.700 para la inserción laboral de personas con discapacidad y 463.354 euros para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Tras la carta remitida por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de abril, informando a Cantabria de que se activaban las medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se detectaron en verano «riesgos y desviaciones» que necesitaron «medidas adicionales». Y, por eso, el Consejo de Gobierno aprobó en agosto el segundo de los recortes, de 16,4 millones de euros.
La Consejerí de Medio Rural, Agricultura y Pesca recibió entonces un buen corte en sus finanzas, ya de por sí reducidas hasta los 70 millones. Las ayudas a la explotación de razas puras se redujeron un 35%; los proyectos de innovación agrarios bajaron a la mitad; se bloquearon un 20% de las inversiones al sector pesquero y se eliminaron por completo los 300.000 euros destinados al capítulo de Protección de la Flora y Fauna Silvestre.
El recorte más sangrante en las consejerías socialistas lo sufrió la propia vicepresidenta. Las obras de saneamiento y abastecimiento, integradas en el multidepartamento de Medio Ambiente, Urbanismo y Universidad que dirige, se vieron mermadas al desviar el 25% de sus fondos para sujetar el déficit. Pero no fueron los únicos fondos afectados. Las ayudas a madres perdieron 167.000 euros y varios planes sanitarios, como el programa de detección del cáncer de colon (-38%), el antidrogas (-20%), el de alimentación saludable en la infancia (-80%) y contra el tabaco (-28%).
Lo peor es que estos recortes pueden no quedarse aquí. La Autoridad Fiscal ya ha enviado un informe en el que alerta sobre el exceso de optimismo de la Consejería de Economía en la previsión de ingresos para 2017, además del alto riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit, marcado en el 0,6% para este año. La AIReF aconseja el recorte inmediato de 90 millones de euros del Presupuesto recién aprobado en el Parlamento, lo que repercutirá, sobre todo, en las consejerías regionalistas, ya que el Gobierno ha asegurado que no tocará los fondos de sanidad, educación y servicios sociales.
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