Adecuación de nuestra fiscalidad

Los impuestos al ahorro están, al igual que las rentas del trabajo, perfectamente controlados, y en niveles análogos a los países con los que competimos.

El impuesto de sociedades tiene una tributación similar, y en algunos casos superior, a la existente en otros países con los que compartimos espacio económico, si bien nuevamente los ingresos por tal concepto no se corresponden con la realidad económica.

Otros impuestos, como el IBI, el de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio, etcétera, dependen en gran medida de las autonomías y los ayuntamientos, por lo que poco puede decirse de forma general sobre los mismos salvo la necesidad, algunos de ellos, de eliminarlos, cual es el de patrimonio, ya suprimido en la mayoría de los países, entre ellos todos los de la Unión Europea, pues los bienes a los que afecta han sido gravados en su adquisición, lo son anualmente sus rendimientos, reales o teóricos, y volverán a serlo cuando se vendan, por lo que, dado su carácter confiscatorio, procede su supresión.

Por lo que se refiere a los impuestos indirectos, el principal de los cuales es el IVA, está en línea con la mayor parte de los países de nuestro entorno, por lo que su incidencia, por afectar a todas las transacciones, debiera tener una repercusión análoga a la de otros países semejantes al nuestro, si bien la realidad demuestra que los ingresos por este concepto es inferior al que cabría esperar por nuestro nivel económico.

A la vista de lo anterior, cabe preguntarse: ¿Dónde está el problema? Lógicamente tiene que estar en la ocultación de ingresos y en las muchas exenciones que a algunas grandes empresas les ofrece la legislación española.

A tal efecto es seguro que los propios funcionarios de la Agencia Tributaria, altamente cualificados y profesionales, podrían ofrecer una batería de propuestas para corregir la actual situación, la cual debiera comenzar por una notable reducción del gasto público y una mejora importante de la eficiencia administrativa que animase al contribuyente a pagar sus impuestos al estar seguro del buen destino y uso que de los mismos hará la Administración. Ello no precisa de una política represora, si no buscar primero el afloramiento de las rentas ocultas, lo que permitiría bajar impuestos y con ello impulsar la economía y generar más ingresos, para luego, con un seguimiento continuado, mantener ese nivel en el futuro. Y es que la prevención es mejor que la represión, pues mientras con lo primero se obtienen resultados permanentes, sin que por ello se sientan amenazados ni perseguidos los ciudadanos, en el segundo solo se consiguen resultados puntuales y el convencimiento de los afectados de que han sido tratados injustamente.

La supresión del dinero en metálico ayudaría, en gran medida, a evitar el fraude fiscal y la economía sumergida, si bien también es verdad que ello conllevaría acabar con la privacidad de los ciudadanos al quedar absolutamente controlados no solo sus gastos sino también dónde y en qué lo gastan, por lo que un adecuado equilibrio entre control y privacidad es fundamental.

Tarea más complicada es conseguir logros significativos en las grandes empresas, sobre todo en las corporaciones internacionales, lo que conlleva el correspondiente disgusto de las pequeñas y medianas empresas al comprobar las diferencias de trato entre unos y otros.

En un espacio político y económico como el que representa la Unión Europea sería fundamenta establecer una estrecha coordinación de sus respectivos sistemas tributarios, empezando por suprimir los paraísos fiscales ya que, aunque sea una verdadera aberración, hay países o regiones que funcionan como tales dentro de ella y, por supuesto, persiguiendo la utilización de los situados fuera de la misma. Mientras tales situaciones subsistan, el disgusto de los ciudadanos será cada vez mayor, con el riesgo que ello conlleva de desafección al sistema político que libremente nos hemos dado, por lo que corregir los mismos es fundamental para la buena salud del propio modelo democrático.