Ahondando en las desigualdades

Esta relación, entre acomplejada y de pleno sometimiento, se produce también, con demasiada frecuencia, en las relaciones de los representantes de los diversos estamentos económicos y sociales con sus homólogos de las comunidades citadas. Para ello basta observar el comportamiento de unos y otros. A la patronal, haciendo encaje de bolillos para no enfadar a sus colegas catalanes, que, esos sí, no dudan en ponerse a las órdenes del Gobierno de la Generalidad. A los sindicatos, alineados, cuando no totalmente entregados, a los independentistas. A la iglesia, procurando comprender a sus colegas catalanes o vascos, los cuales, en su mayor parte, no tienen dudas sobre sus lealtades.

Estos problemas se acentúan con el Gobierno central. Y es que, al Gobierno central es normal verle buscar fórmulas para dar a tales comunidades más competencias y, por supuesto, más dinero, mejores infraestructuras -los cuales se permiten, como han hecho ahora los catalanes con su aeropuerto, despreciar inversiones milmillonarias-, y trato deferente, no sea se enfaden y decidan no votarles la próxima vez que necesiten su apoyo. Porque ahí está la cuestión, en que necesitan sus votos y aquellas no dudan en hacer uso de ellos para obtener sus objetivos.

Por ello, si sus presidentes autonómicos no asisten a las conferencias de presidentes, pues no pasa nada, se reúnen con ellos de forma bilateral como si de dos gobiernos iguales se tratase. Que no cumplen con la legislación vigente, pues se cierran los ojos y no pasa nada. Que emplean sus dineros en crear embajadas desde las que desacreditar a España, pues no se dice nada porque eso queda muy lejos para el resto de los españoles. Que utilizan sus centros escolares para inyectar en las mentes infantiles el odio a todo lo que suena a España, tergiversar su historia y borrar el idioma español, pues se habla catalán en la intimidad y se desactiva la Alta Inspección Educativa y todo resuelto. Que un comercio es sancionado por rotular su nombre en castellano, pues que pague y no cree problemas.

Todo lo anterior es cierto que supone un grave problema para los muchos catalanes y vascos que, queriendo a su tierra como el que más, no pueden, sin embargo, manifestar igual amor por su patria grande, España, ni por nada que represente a esta.

Por otra parte, es posible que muchos españoles, por no vivir en Cataluña o el País Vasco -y desgraciadamente, también ahora, en algunas otras comunidades con idioma propio-, crean que tales problemas no les conciernen. Quienes así piensan quizás no han caído en la cuenta de que un día ellos, o sus hijos, sí que pueden verse directamente afectados. Ello sucederá si su empresa lo envía a una de tales comunidades al comprobar las dificultades para encontrar colegio para sus hijos en el que les enseñen en español, además de las que en las relaciones laborales y sociales va a encontrar él mismo. Y qué decir de quien quiera opositar a cualquier institución pública donde le van a exigir el dominio de su idioma local, mientras ellos pueden opositar sin ningún problema en el resto del territorio nacional. De análoga forma, mientras un funcionario de la Administración General del Estado de tales comunidades podrá participar en el traslado a cualquier parte del territorio nacional no lo tendrán igual de fácil los que desde fuera de ellas quieran hacerlo a las mismas, al exigirles allí el conocimiento de su idioma.

Es por ello que los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, tienen la obligación de ponerse de acuerdo para no proseguir el camino hasta ahora transitado y, por el contrario, lograr una política sin exclusiones ni favoritismos en la que, como dice nuestra Constitución, todos los españoles seamos iguales. No hacerlo así supondrá un grave problema para España y, a no tardar, el desapego de unos votantes que comprueban el uso que su partido hace de su voto.