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Recientemente el Gobierno de España, en una polémica decisión, intentó asumir los ahorros hechos en los años anteriores por los ayuntamientos y diputaciones provinciales con el compromiso, dijeron, de devolvérselos en los próximos quince años. El disgusto de los afectados fue de órdago ... a la grande y, por supuesto, fácilmente entendible, pues no es lógico que quien ahorra y no dilapida su dinero en cuestiones más o menos prescindibles, o simplemente no hace lo que otros muchos practican, cual es una política de clientelismo para ganar votos, utilizando para ello todo lo que tiene, y hasta lo que no tiene, endeudándose hasta las cejas, se vean luego privados de sus ahorros pese al esfuerzo que les supuso.
Lógico parece que si muchos de los alcaldes y presidentes de diputación calificaron tal medida de atraco y manifestaron sin ambages su disgusto y malestar, idéntico sentimiento tengan los particulares que, en vez de haber gastado alegremente la totalidad de lo que ganaron o heredaron, guardaron una parte de ello para el futuro, y ahora ven cómo los políticos, o una parte importante de ellos -entre los que seguro se encontrarán muchos de los que, con toda lógica, levantaron airadamente su voz ante el despropósito denunciado-, se lanzan como buitres a quitarles con impuestos injustificados sus ahorros que son fruto del esfuerzo de su trabajo y de la responsabilidad de su comedido gasto. Y utilizan para ello discursos populistas que nada tienen que ver con la realidad y gravan los mismos bienes año tras año aunque ya se pagaron los impuestos correspondientes al comprarlos, heredarlos o ganarlos con el trabajo. El poseedor nuevamente tendrá que volver a pagar cuando los venda, reinvierta, done o los hereden sus descendientes, lo que les exige vender anualmente una parte de su patrimonio, hasta que llegue un momento en el que ya no quede nada por lo que tributar.
¿Es ello estar en contra del pago de impuestos? No, claro que no. Los impuestos son fundamentales para conseguir una sociedad equilibrada y justa. Es por ello lógico que quienes han tenido la fortuna de que la naturaleza les haya dotado de una inteligencia superior que les permite un progreso en la empresa o en sus actividades privadas por encima de la media, o que la familia en la que han venido al mundo les haya permitido tener una formación muy superior a la que la mayoría puede aspirar o partir de una base económica que les posibilite obtener de ella una alta rentabilidad, paguen por tales ingresos los impuestos que le correspondan, pero nunca castigando el ahorro conseguido y mucho menos tratando a sus propietarios como si fuesen delincuentes y personas insolidarias.
Y es que si es lógico y fundamental el pago de impuestos para el sostenimiento y mejora de nuestro Estado de bienestar, lógico es también que los mismos sean acordes con los ingresos obtenidos, pero nunca confiscatorios de los bienes que ya se posean, muchos de los cuales igual no solo no han generado beneficios, sino que en ese ejercicio han tenido una pérdida notable de su valor. Es por ello que los países socialmente más desarrollados han ido perfeccionando sus sistemas fiscales al objeto de obtener los importantes ingresos que el Estado precisa procurando que los mismos sean justos para todos sus ciudadanos, a la vez que atractivos para el desarrollo de sus economías, pues cuando estas decaen también disminuyen los beneficios que las mismas generan y con ellos la contribución de cada uno de sus integrantes.
Es posible y deseable que la Unión Europea se dote un día de un sistema fiscal homogéneo en el tratamiento de los impuestos que deben pagar los ciudadanos que de ella formamos parte, por el que los conceptos por los que se tributen sean análogos en los distintos países que la integran, con independencia de que los mismos, dentro de unos límites razonables, puedan aumentar o disminuir según la situación real de cada país. Ese día es posible que veamos aparecer nuevos impuestos y desaparecer otros, como el actual de Patrimonio -ya eliminado, por confiscatorio en prácticamente todos los países de la Unión Europea- lo que, aunque pueda parecer paradójico, permitiría obtener a algunas comunidades autónomas mayores ingresos de otros sujetos fiscales que ahora no tributan en las mismas, pues quienes tienen altas capacidades económicas, y por ello están obligados a tal impuesto, tienen también altas posibilidades para desviar sus bienes hacia territorios en que aquel no existe -como es el caso actual de Madrid y de otros países fuera de España- con lo que lo pagado por el mismo por las clases medias -que son siempre las paganas en estos casos- queda compensado, y seguro que con creces, con el resto de impuestos no pagados por quienes lo harían a esa Administración si no hubiesen huido de la misma.
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