Cita previa, ¿por qué y para qué?

Es claro que el covid-19 ha entrado en una fase de normalización que ha permitido que la mayor parte de las medidas adoptadas en su día hayan ido mitigándose paulatinamente hasta quedar reducidas simplemente al uso obligatorio de las mascarillas tan solo en hospitales, residencias de ancianos y algunos otros centros relacionados con la salud. Sin embargo, y a pesar de la eliminación de tales medidas –indudablemente imprescindibles, muchas de ellas, en aquellos momentos iniciales en los que la pandemia se extendía de una manera totalmente incontrolada– en muchos organismos de nuestras administraciones no solo aún perduran las medidas adoptadas en aquellos momentos sino que se siguen aplicando actualmente con total y absoluta rigidez, como si en ello fuese nuestra supervivencia y, supongo, sobre todo, la de quienes tales medidas exigen.

Surge por ello la duda sobre el verdadero motivo por el que muchos centros administrativos siguen exigiendo la cita previa. ¿Por qué y para qué lo hacen? ¿Para protección de los funcionarios? En tal caso supongo que tales personas, una vez salen de sus centros de trabajo se confinarán en sus casas y no se arriesgarán a ir en los transportes públicos o a bares y restaurantes donde ninguna medida de seguridad se exige ya. ¿Será porque con ello organizan mejor su trabajo? En tal caso, y admitiendo tal premisa, ¿donde quedan los intereses de los ciudadanos, que no deben olvidar somos la razón de ser de su trabajo y quienes pagamos su sueldo? ¿Será porque así los españolitos de a pie podemos entretenernos manejando internet o realizando las múltiples llamadas telefónicas que es preciso hacer para conseguir una cita previa? Seguro que la gran mayoría de ciudadanos saben como emplear el tiempo mejor que realizando tales actividades.

Ante tal situación parece razonable preguntarse: ¿quienes son responsables de que a estas alturas se siga exigiendo en muchas administraciones la cita previa? ¿Son los funcionarios de base? Lo dudo. ¿Son sus jefes directos? Supongo que no. Entonces, ¿quien? Es fácil imaginarlo, dado que son ellos quienes mandan sobre los funcionarios y quienes nombran sus directivos. Hay veces, no obstante, que se produce alguna excepción, tal y como me ocurrió hace unos días cuando fui a una oficina de la Administración central a buscar un certificado. Lógicamente llevaba la duda de si podría acceder a tal organismo o me lo impediría el vigilante de seguridad que hay en su puerta. Con sorpresa, después de pasar las correspondientes medidas de seguridad, me dejaron entrar al interior de las oficinas donde, por cierto, había tres carteles que indicaban que era necesario, para realizar las pertinentes operaciones, la cita previa. Sin embargo, cuando accedí a la correspondiente ventanilla, una amable funcionaria me atendió y me proporcionó el certificado que solicitaba. Ante ello le dije que por qué no quitaban los carteles que exigen la cita previa, dado que ya no era necesaria, a lo que me contestó que no les dejaban sus superiores, pero que ella y sus compañeros consideraban que a todo el que accediera hasta allí –y ellos dispusieran de tiempo para atenderlos, dando, como es lógico, preferencia a quienes llevasen cita previa– ellos los atendían porque consideraban que ese era su deber como empleados públicos que son. Sin comentario y ¡olé!, porque ello demuestra que sigue habiendo funcionarios, seguramente muchos más de los que pensamos, que son verdaderos profesionales y servidores públicos.

Llegado a este punto, yo me planteo, ¿qué ocurriría si miles de ciudadanos nos personáramos ante las Delegaciones del Gobierno de España y las sedes de las diecisiete Comunidades Autónomas para solicitar cita previa para votar el próximo veintiocho de mayo en las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán ese día en nuestro país? Es seguro que ante tales concentraciones los medios de comunicación se movilizarían para interesarse por la razón de las mismas, conociendo así, por los ahí reunidos, de que ante un hecho tan importante como son unas elecciones no querían perder la oportunidad de ejercer su derecho de voto por no haber obtenido previamente la correspondiente cita previa. Absurdo, ¿no? Pues esa exigencia se hace diariamente en multitud de locales de nuestras diversas administraciones públicas y los ciudadanos lo sufrimos sin que hasta el momento hayamos hecho notar nuestro disgusto y hartazgo.