¿Es delito el engaño?

Sin embargo, eso que encontramos lógico en nuestras relaciones con nuestros semejantes en la vida ordinaria, no lo damos la menor importancia cuando se trata de nuestras relaciones con los políticos. Y es que cuando un político nos pide el voto asegurando que hará tal cosa, o que no lo hará, y sin embargo luego hace lo contrario, tal comportamiento no solo no está penalizado sino que la mayor parte de las veces, y por la gran mayoría de nosotros, no se lo tomamos en consideración y, en consecuencia, volvemos a votarlos una y otra vez, con lo que de alguna forma estamos diciéndoles: mentirnos lo que queráis que nosotros no os lo tomaremos en cuenta, así que no os preocupéis por engañarnos, que nosotros lo admitiremos, lo disculparemos y os lo perdonaremos.

¿Qué otra cosa, que la expuesta, puede pensar quien con total desparpajo y con palabras rotundas y firmes propone una cosa e inmediatamente de obtenido nuestro voto hace lo contrario? ¿Qué otra cosa, que la expuesta, puede pensar quien dijo: no pactaré con EHBildu, se lo he dicho cinco veces pero si quiere se lo repito una vez más, e inmediatamente después de las elecciones pactó su investidura y posteriores programas de gobierno con ellos? ¿Qué otra cosa que la expuesta puede pensar ese mismo político cuando, en la misma campaña electoral, dijo que no dormiría tranquilo, y con él los españoles, si incluía en su gobierno a políticos de Podemos y al día siguiente de las elecciones se abrazó con el líder de ese partido y lo incluyó en su gobierno nada menos que con la categoría de vicepresidente? ¿Tales acciones son engañosas o no? ¿Pueden las mismas haber inducido a muchos electores a dar su voto a quien tales promesas formuló en la confianza de que cumpliría su palabra? ¿Existe en ellas un interés personal? Si quien para conseguir un empleo, en la correspondiente entrevista de trabajo, mintiera de forma tan descarada es seguro que, una vez descubierto el engaño, quien lo hubiese contratado lo despediría de inmediato y, además, tendría muchas posibilidades de que los tribunales lo considerasen un despido procedente. Desde luego el empleo de presidente del Gobierno de España no es precisamente un empleo menor y, por ello, el interés obtenido con el engaño creo que queda plenamente justificado.

A la vista de lo anterior, ¿qué ocurriría si unos cuantos miles de españoles fuésemos al juzgado que nos corresponda y presentásemos, de forma individualizada, una denuncia por engaño contra un político concreto? Es presumible pensar que los correspondientes jueces no admitirían a trámite tales denuncias, y si alguno lo hiciera es más que probable que no hubiese condena alguna ante la imposibilidad de demostrar, por parte del denunciante, que él votó al político en cuestión y que lo hizo en base exclusivamente a que creyó lo que en la campaña electoral aquel le prometió y, por ello, se siente ahora engañado y estafado.

No obstante lo anterior, lo que si propiciaría tal acto colectivo, además de presentar una sociedad madura, sería un debate serio y profundo sobre el comportamiento de los políticos en su relación con los electores, a los cuales debemos exigirles nos traten como adultos, exponiéndonos con claridad y precisión las soluciones que plantean para cada uno de los problemas que perciben, huyendo por tanto de soluciones populistas y, más aún, de mentiras, con el único objetivo, unas y otras, de obtener nuestro voto. Lógicamente también los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad y, por ello, debemos asumirla, tratando a los políticos como nuestros representantes y empleados, a los cuales elegimos y pagamos para que resuelvan nuestros problemas y no para que nos engañen o creen problemas allí donde no los había, y caso de que no lo hagan los despidamos en la primera renovación de su contrato, fecha de caducidad que coincide, lógicamente, con las siguientes elecciones a los que los mismos se presenten, y que en lo que a España se refiere será tan pronto como el próximo 23 de julio.