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Las campañas electorales se han convertido en los últimos años en un cúmulo de insultos de quienes participan contra el resto de contendientes, como si de una batalla campal se tratase. Es por esa razón por la que después de un mitin o de un ... debate público, cabe hacerse algunas preguntas como: ¿que han propuesto? ¿que medidas van a tomar para solucionar nuestros problemas? ¿cuando las van a llevar a cabo? ¿como las van a pagar? y alguna más. A esas preguntas es seguro que las respuestas serán: «no lo sé», «no recuerdo». Respuestas lógicas, por otro lado, pues es seguro que nada hayan concretado sobre lo que van a hacer, más allá de generalidades, y lo poco que prometan es posible que lo hagan con el convencimiento que decía el profesor Tierno Galván de que «las promesas electorales están para no cumplirse».
Muchos son los ejemplos que cada uno podríamos poner de eso que nos dijeron que harían con nuestro voto quienes llegaron al poder y luego vimos que o no hicieron nada o hicieron todo lo contrario. Sería por ello razonable exigir a los partidos, y a los candidatos que los representan, que presenten a los ciudadanos programas y proyectos legislativos concretos y no esbozos de los mismos, cuando no simples títulos que nada aclaran, que nos permita a los electores valorar lo que nos ofrecen y, llegado el caso, premiarles o castigarles con el uso racional de nuestro voto.
Así, cuántas veces hemos oído decir a muchos de nuestros políticos que debe eliminarse el impuesto de patrimonio, por ser este un impuesto confiscatorio y España el único país de la Unión Europea que lo mantiene, y sin embargo, cuando llegan al Gobierno no lo quitan, (salvo Madrid, que dijo que lo haría y lo hizo, o Andalucía que lo eliminó tan pronto Juanma Moreno llegó al Gobierno). Y es que no es ético criticar la existencia del mismo cuando se está en la oposición y mantenerlo y aprovecharse de él de manera impúdica cuando llegan al gobierno, o lo que es igual, mantenerlo cuando gobiernan y anunciar que lo quitarían cuando pasan a la oposición.
En reiteradas ocasiones he hecho mención a cuando en el año 2010 el Gobierno socialista redujo las retribuciones que anteriormente había garantizado a los pequeños productores fotovoltaicos a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) –y a los que anteriormente había convencido con la campaña de 'el sol es suyo', ante la necesidad de cumplir con los compromisos contraídos con la Unión Europea, y la negativa de las grandes empresas del sector a invertir en esa tecnología–, medida que el PP de Mariano Rajoy aseguró que tan pronto llegase al Gobierno corregiría exponiendo la situación anterior. ¿Hizo eso? No, todo lo contrario. Modificó las condiciones establecidas hasta tal punto que llevó a la ruina a muchos de aquellos pequeños productores. Nuevamente el PSOE, entonces en la oposición, en una visita de Pedro Sánchez a un parque fotovoltaico en Murcia, prometió que tan pronto llegase al gobierno restauraría las condiciones iniciales. ¿Lo ha hecho? No, claro que no. Confiemos que el nuevo gobierno que se forme después del próximo 23 de julio resarza a las 65.000 familias afectadas de las pérdidas sufridas por la expropiación de la que fueron objeto.
Con motivo de las próximas elecciones generales, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que tan pronto llegue al Gobierno recuperará el delito de sedición, dejará sin efecto la reforma de la malversación, anulará, entre otras, la Ley de la Memoria Democrática y modificará otras más, como la de Educación, promesas que quienes le conocemos, y sabemos de su trayectoria, estamos seguros cumplirá plenamente. Una política de claridad y compromiso que los ciudadanos agradeceríamos a todos los candidatos que se presentan a las elecciones para así, conociendo con certeza lo que quieren hacer si llegan al gobierno, poder emitir nuestro voto sabiendo para qué va a ser utilizado.
Y es que este es el momento en el que los electores podemos, y debemos, analizar lo que prometieron y luego hicieron cada uno de los candidatos, y si ahora los mismos nos ofrecen proyectos realistas y creíbles, en vez de simples y evanescentes promesas. Su incumplimiento debería llevar, por nuestra parte, la contrapartida de castigarles retirándoles nuestro voto, pues ya está bien de que nos tomen una y otra vez por imbéciles y, encima, les demostremos con nuestra pasividad que lo somos.
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