Necesitamos una explicación

Aunque conocido –el consejero tuvo la deferencia de anunciarnos días antes, pero sin concretar las cifras, la existencia de este déficit para la financiación de determinados programas de ayudas en los ámbitos de la rehabilitación residencial–, su anuncio público ha causado un profundo malestar entre el colectivo profesional de los administradores de fincas y ha dejado entrever deficiencias en la gestión de estas subvenciones que es preciso superar con urgencia.

Porque no entendemos cómo es posible que el Gobierno autonómico no haya tenido, al menos hasta la fecha, un control eficaz y exhaustivo tanto de los fondos disponibles como de los que se estaban comprometiendo a la luz de las solicitudes presentadas. De haberlo tenido, es evidente que las alarmas hubieran saltado mucho antes y evitado, en consecuencia, que muchas comunidades de propietarios, y de su mano los administradores de fincas colegiados, dedicáramos dinero, en el primer caso, y no pocos esfuerzos, en el segundo, a elaborar solicitudes de mejora de las edificaciones que no van a disponer de financiación pública.

El asunto es de tal gravedad que nos preguntamos si no es necesario depurar responsabilidades, al menos políticas, para que este desatino no vuelva nunca más a suceder.

Porque basta leer la orden publicada por la Consejería en el BOC el pasado 25 de septiembre para darse cuenta del desaguisado ocasionado por una gestión que, a la vista está, se ha demostrado estar muy lejos de lo esperado.

El adelanto en más de tres meses en el fin del plazo de presentación de solicitudes para acogerse a tres programas concretos de ayudas que fija esta orden, previsto inicialmente para el 31 de diciembre, detiene el extraordinario boquete abierto entre la financiación disponible, poco más de 17 millones de euros, y el importe de las subvenciones a las que aspiraban el millar largo de solicitudes presentadas hasta ese momento, que superaba con holgura los 45,6 millones de euros. Esto es, un desfase de casi 30 millones de euros. Pero su entrada en vigor entierra las expectativas de miles de ciudadanos y también el trabajo llevado a cabo por administradores de fincas, técnicos y empresas para tratar de presentar, en tiempo y forma, la extensa y prolija documentación que se requería para acceder a esta convocatoria de subvenciones.

Por si fuera poco, estos algo más de 17 millones de euros distan mucho, pero que mucho, de los 62 millones que aspiraba a recibir Cantabria en el trienio 2021-2023 para la rehabilitación de viviendas y mejora de la eficiencia energética, según anunció el Gobierno de Cantabria hace ahora justo dos años.

Un anuncio que, cabe recordar, dio pie a la firma del llamado 'Pacto por la Rehabilitación', un documento por el que el Ejecutivo regional y los agentes implicados –colegios de Administradores de Fincas, Arquitectos y Aparejadores y la Asociación de Promotores y Constructores– nos comprometíamos a promocionar y difundir estas ayudas.

Pues bien. Es claro que nosotros, los administradores de fincas colegiados, hemos cumplido con creces ese compromiso. Ahí están las más de 1.000 solicitudes presentadas. Y otras muchas que, por desgracia, se han quedado por el camino. Hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho muy bien. Hemos trasladado a las comunidades de propietarios la necesidad de redactar documentos técnicos para conocer cuál el estado real de sus edificios, muchos de ellos construidos antes de los años 80, y la oportunidad de adoptar soluciones destinadas a mejorar su eficiencia energética en la confianza de que estas actuaciones, la mayoría de presupuesto elevado, contarían con las ayudas públicas prometidas.

No era una apuesta baladí. Porque, además de mejorar la salud de nuestros edificios, este empeño rehabilitador nos permitiría contribuir a crear también unos 2.400 puestos de trabajo con una aportación de 175,5 millones de euros al PIB de Cantabria, según los cálculos realizados por el Gobierno autonómico en aquel entonces.

Hoy, lamentablemente, nos hemos encontrado de golpe y porrazo con que estos objetivos no se van a poder cumplir ni de lejos. Por eso, necesitamos una explicación. De lo contrario, la ciudadanía no querrá embarcarse de nuevo en una aventura que, en esta ocasión, no parece que vaya a tener precisamente un final feliz.