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Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre aquellos primeros años de la Transición en que todo era pedir y reclamar derechos perdidos. Eran tiempos convulsos, de cambio, en los que había que hilar muy fino para ganar terreno al pasado y en ... los que en boca de todos estaban, por encima de otras, las palabras amnistía y libertad. Y, ciertamente, no era para menos, porque las cárceles estaban llenas de gente encerrada por expresar y mantener ideas distintas a las del régimen, por militar en partidos políticos o en prohibidos sindicatos horizontales, como se llamaban entonces, o por cualquier otra causa ajena al espíritu nacional impuesto. Llegó muy pronto una generosa ley de amnistía y a nadie, salvo a los más aferrados al régimen anterior, sorprendió que se promulgara.
Pues sobre esto cavilaba yo al observar la trasnochada parafernalia propagandística desplegada últimamente por los independentistas catalanes. No hay acto en que, además del inicuo lazo amarillo, no se exhiban pancartas bien grandes exigiendo amnistía y libertad para los presos del procés. Lo raro es que se atrevan a emplear esos términos en un país que disfruta de una de las poquísimas democracias plenas del mundo, donde tal planteamiento es inimaginable. Aquí no se persigue ni encarcela a nadie por sus ideas, sino solo por sus actos. Y eso es lo que ha ocurrido con los políticos del 'procés': que se les ha juzgado y condenado, no por sus ideas, sino por sus sediciosos hechos.
El caso es que, casi como una premisa para acceder al poder a través de aquella moción de censura, el ejecutivo de la nación se vio obligado a cumplir su promesa de abrir una mesa de diálogo, 'entre gobiernos', en la que, si quitabas las reclamaciones de relleno, te quedaban solo dos, como los mandamientos: libertad para los presos del 'procés' y referéndum de autodeterminación. Lo del referéndum, vistos los antecedentes, se ha revelado como un camino incierto, pero lo de la libertad de los condenados se ha mostrado como una prioridad para los negociadores.
En ese contexto, los mentideros políticos llevan meses pronunciando y publicando la palabra indulto. A pesar de la pandemia, el gobierno ha ido tramitando, a la chita callando, ese indulto y ya tiene sobre la mesa los obligados informes de la fiscalía y del tribunal sentenciador. Aunque no son vinculantes, ambos son contrarios a él. Una de las razones esgrimidas en estos informes es que los beneficiarios en ningún momento han manifestado arrepentimiento por lo hecho..., ni siquiera voluntad de solicitar ese indulto. Al contrario, todos recordamos el desdén de O. Junqueras cuando decía «que se metan el indulto por donde les quepa», o la actitud desafiante de J. Cuxart al asegurar hace días que «lo volveremos a hacer..., que nadie se equivoque».
¿Y cómo es eso? El motivo de su rechazo no es que no quieran salir definitivamente de la cárcel (el oportuno tercer grado de que disfrutan actualmente puede ser revocado muy pronto, como el anterior), sino que ellos no reconocen haber cometido delito; y el indulto solo conmuta la pena o parte de la pena, pero no elimina el delito; tampoco elimina la eventual responsabilidad civil contraída (que en este caso no ha sido concretada), ni permite recuperar derechos, como el de sufragio pasivo en nuestro país.
Lo que pretenden, entonces, los independentistas es una amnistía: primero, porque suele aplicarse a condenados por delitos ideológicos, más propios de dictaduras; luego, porque en una amnistía sí quedan borrados, no solo las condenas, sino los propios delitos y cualesquiera implicaciones penales que conllevaren, como la supresión del derecho pasivo. Ahora bien, a diferencia del indulto, que es prerrogativa exclusiva del gobierno, una amnistía no depende de la sola voluntad del ejecutivo, sino que requiere una ley que ha de ser aprobada por el parlamento.
El otro día, ERC proponía la iniciativa de que el Gobierno recuperara aquella mesa de negociación con Cataluña, tras las elecciones. Su aprobación en el Parlamento, que representa a todos los españoles, ha supuesto para muchos una inaceptable rendición del Gobierno ante los postulados independentistas. Pues si un indulto ya se vería como una tomadura de pelo, por la gravedad de los delitos perpetrados, ¿será capaz el Gobierno de humillar a España con la proposición y eventual aprobación de una ley de amnistía, en plena democracia, para purificar y blanquear a quienes pusieron y desean volver a poner al estado en jaque?
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