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El sentido común, el mismo que el decir popular considera el menos común de los sentidos, es algo que muchas veces echamos en falta cuando conocemos hechos que por su naturaleza pensamos deberían tener un tratamiento bien diferente al dado a los mismos, sean aquellos ... protagonizados por empresas particulares como por las distintas administraciones públicas.
A este respecto, en una ocasión, referido a la justicia inglesa, leí el comentario que un ciudadano de tal país hacía cuando le preguntaban que cuál consideraba él que debía ser la principal cualidad de los jueces ingleses y respondía: el sentido común, y si además saben algo de derecho, mejor que mejor. Creo que tal respuesta sería muy válida para tantos empleados públicos que a la hora de abordar su relación con los ciudadanos es lógico precisen de los conocimientos propios de su especialidad para aplicarlos en la solución de los temas que afecten a aquellos, pero también, y muy fundamentalmente, para hacerlo con sentido común. Y siempre poniéndose en la piel del ciudadano que a ellos recurre, no olvidando, aunque algunos lo hagan con demasiada frecuencia, que son éstos quienes les pagan con sus impuestos, y quienes, aunque muchas veces no sean conscientes de ello, los que con su voto pueden decidir, aunque sea a largo plazo, que quieren para su país, región o localidad. Entre éstos órganos administrativos destacan, lógicamente, aquellos que por su naturaleza y función tienen una mayor relación con cada uno de nosotros -a pesar de lo cual muchos de ellos siguen escudándose en el covid para no atender personalmente a los ciudadanos y seguir exigiéndoles una cita previa, que no es fácil muchas veces obtener, cuando no les obligan a que resuelvan su problema por internet, como si todos tuviéramos la obligación de tener tal herramienta y dominar el uso de la misma- y muy especialmente aquellos que además tienen capacidad sancionadora, algunos de cuyos integrantes, afortunadamente no todos, pueden utilizar tal facultad sin miramiento alguno hacia el ciudadano, razón por la que creo ha llegado el momento de que bajo ninguna circunstancia debieran considerarse las sanciones impuestas por la Administración como base para el cálculo de los incentivos económicos de los funcionarios que las realizan.
Desde luego, si un empleado público precisa más que nadie del sentido común en el ejercicio de su función creo que éstos son los jueces, pues si así no fuere podría llegar el momento que una máquina de inteligencia artificial, cargada con toda la legislación aplicable y cuántos antecedentes y sentencias sobre el tema objeto de debate existan, podría llegar a sustituir al juez físico y dictar la sentencia que correspondiese totalmente ajustada a lo que la ley marcase al respecto. Pero, ¿donde quedaría la humanidad que proporciona el sentido común? Igual ocurre con otros muchos funcionarios, pues si el contacto con los administrados para la solución de los problemas planteados por los mismos desaparece como una de sus funciones principales y se limitan a aplicar de forma automática, y desde la distancia, las distintas normas vigentes en cada momento, es muy posible que al final los mismos sean sustituidos por robots dotados con inteligencia artificial.
No seré yo, ignorante total del derecho, quien ose enjuiciar la labor de nuestros jueces, aunque en algunas ocasiones haya discrepado abiertamente, creo con razón y desde luego con pleno convencimiento, de alguna de sus sentencias; al igual que he criticado el comportamiento de algunos funcionarios de otros organismos públicos y, en este caso, con conocimiento de causa por mi relación directa durante muchos años con la función pública, crítica que duele más, a la hora de hacerla, cuando sabes del trabajo, dedicación y esfuerzo de la mayoría de los empleados públicos, cuya entregada labor, hecha con profesionalidad y dedicación, queda opacada por quienes tienen un comportamiento poco profesional y desde luego nada humano, al anteponer la rigidez al sentido común y el «aquí le falta un papel», al más lógico y servicial de «no se preocupe, que ésto tiene solución».
Bueno sería, por todo ello, que en las oposiciones de acceso a la función pública, así como en los cursos de formación y perfeccionamiento de los empleados públicos en activo, que junto a las materias propias de su especialidad incluyeran una más, de esas que llaman transversales, para enseñarles, y convencerles, que en la relación diaria con los ciudadanos deben aplicar el sentido común por encima de la rigidez de la Norma y que el servicio al ciudadano es la razón fundamental de su trabajo.
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