Apertura de curso

Observemos el estado de Cantabria en este inicio de curso, que parece tan sensacional en sus consecuencias para los próximos meses. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) nos trae dos clases de retratos. El primero es que, en su modelo de estimación del crecimiento económico de las comunidades autónomas, calcula que Cantabria fue, en el segundo trimestre de este año, la que menos progresó, con un 0,5%, farolillo rojo. En términos interanuales, se coloca en el pelotón de cola, dos puntos por debajo de la media española. Esto corresponde al periodo abril-junio.

Una segunda observación de este organismo técnico se refiere a su previsión de déficit presupuestario de Cantabria para 2022. Sigue dándose una gran diferencia entre la Airef y el Gobierno regional: la primera estima que habrá un superávit del 0,2% del PIB (ya en 2021 hubo otro considerable superávit, o sea, sobró dinero) y que Cantabria sigue con exceso de financiación; el segundo afirma que habrá un déficit de -0,6%. La diferencia entre una y otra visión hay que cifrarla en algo más de 100 millones de euros, distancia considerable. Ya veremos qué sucede al final del cuarto set, pero una región que crece menos y que al tiempo apunta a superávit no puede considerarse satisfecha: en buena lógica, se deberían emplear más recursos públicos (entre otras cosas) para incrementar el crecimiento.

Un tercer dato procede de la Seguridad Social y sus afiliaciones. Desde verano de 2021, la intensidad de creación de puestos de trabajo en Cantabria es notablemente inferior a la de España, y la diferencia se ha agrandado en los últimos meses. En agosto nuestro interanual era de +1,8% y el nacional prácticamente el doble, un +3,5%. Esto ya va configurando una tendencia. Significa que el número de trabajadores cántabros es una parte cada vez menor del colectivo de currantes españoles. Y concuerda con lo que la Airef dice sobre economía y presupuesto.

Esta evolución se puede ver disimulada por el hecho de que muchos hogares reciben algún tipo de ayudas sociales. Según el último estudio de Icane, de esta semana, hasta un 75% de los hogares cántabros ingresaron en 2021 alguna de estas prestaciones (es un porcentaje superior a la media española): un 32,4% prestaciones por jubilación, un 37% prestaciones por desempleo y casi un 15% por supervivencia. Si unimos a esto las cerca de 40.000 nóminas de empleados públicos (y miles de semipúblicas, que trabajan para empresas privadas en labores concertadas para las administraciones), nos hacemos una idea de este amortiguador del sentimiento social, que debería estar más vigilante. Para todos estos colectivos, la economía real es menos problema que cuánto van a subir las pensiones o los salarios públicos.

El IPC interanual de julio fue un demoledor 10,5% que se concentra en las cosas del comer. El coste laboral, sin embargo, solo ha subido un 1,3% en el primer trimestre, según los estadísticos oficiales. Habrá crecido con los convenios posteriores, pero dudo de que se haya aproximado a esos dos dígitos campeadores del supermercado, la gasolinera y la energía en el hogar. La pérdida de poder de compra es evidente, y se acentuará por la decisión del BCE de endurecer el crédito para frenar la inflación y fortalecer el euro (cuya debilidad encarece lo que compramos por ahí en dólares).

Un techo de gasto en 2023 menor que el IPC previsto será un recorte real de gasto (al subir este menos que los precios). Y un «equilibrio presupuestario» en un contexto de aumento modesto de la economía y el empleo, con merma de poder adquisitivo de la gente, no parece la política económica y social óptima; mucho menos si ahora los créditos se dificultan.

-Predicas en el desierto- me dice mi gato Boris poniendo ojos de Garfield.

-En el desierto hay más gente de lo que parece- porfié sin mucha convicción.