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Con motivo de la propuesta del Gobierno de Andalucía de suprimir el impuesto de patrimonio se ha organizado un gran debate nacional. Unos proponen la eliminación total de dicho impuesto, lo que justifican por tener un carácter confiscatorio y actuar sobre rentas que ya han ... pagado sus impuestos al momento de ser adquiridas, tributan sobre sus rendimientos anuales y volverán a hacerlo luego a su venta. Añaden a ello, además, el hecho de que sea España el único país de los veintisiete de la UE que lo sigue conservando. Otros, al contrario, consideran conveniente subir aún más su cuantía alegando que quienes lo pagan son sólo los ricos, sin especificar a quiénes entienden ellos por ricos. También hay quienes defienden armonizar el valor del mismo, bien estableciendo una cuantía igual para todos o un mínimo sobre el que las comunidades autónomas podrían incrementarlo a su voluntad, y quienes, para finalizar, simplemente proponen que ese impuesto debiera centralizarse en el Gobierno de España y quitar tal competencia a las comunidades autónomas.
Una vez decididos a armonizar materias autonómicas, antes que un impuesto que representa muy poco en el total de ingresos percibidos por cada una de las comunidades en particular y por el Estado en general, quizás fuese conveniente, como ya he expuesto en ocasiones anteriores en este mismo periódico, pensar en armonizar otras muchas disfunciones que el Estado Autonómico ha producido. Veamos algunas de ellas y juzgue el lector la conveniencia, o no, de su armonización.
¿Sería conveniente armonizar los programas y los libros de texto que estudian nuestros escolares? Con ello permitiríamos que todos ellos estudiaran, por ejemplo, una misma geografía, evitando así que para algunos niños españoles el río Ebro nazca en Fontibre mientras que para otros nazca en un lugar extraño. ¿Y la historia? Ah, la historia. Su armonización permitiría que todos nuestros escolares, vivan donde vivan, estudiasen una historia de España común para todos ellos y conociéndola y valorándola en todo lo que tuvo de extraordinaria se sintieran orgullosos de las grandes gestas protagonizadas por nuestro país y por sus propios antepasados, pues de todos los rincones de España salieron al mundo grandes personajes que realizaron gestas difíciles de igualar.
Claro que ya metidos a armonizar parece razonable comenzar por el uso de nuestra lengua común, el castellano, para su empleo sin problemas en todo el territorio nacional, incluidas aquellas regiones que cuenten con otra lengua, evitando que la misma sea considerada en esas comunidades casi, o sin casi, como una lengua extranjera a la que, no sabemos por qué, o quizás lo sabemos demasiado bien, se la quiere desterrar para su sustitución por una lengua minoritaria -propia e importante y que por ello debe ser protegida y de libre uso y estudio también por todos sus habitantes- cuyo uso exclusivo y excluyente producirá un empobrecimiento para la mayor parte de la población, (precisamente la que menos nivel económico, cultural y social tiene), en vez de promover el uso de ambas en igualdad de condiciones tanto en la administración como en sus escuelas.
¿Y qué decir de la sanidad? ¿No sería lógico armonizar también un tema tan fundamental para el bienestar de los ciudadanos como es la atención sanitaria en todos sus niveles, desde la atención primaria a la hospitalaria -incluyendo las retribuciones del personal sanitario- al objeto de que no sigan existiendo las diferencias actuales entre unas comunidades y otras?
Claro que, a estas alturas de la armonización que con tanto ardor hemos emprendido, supongo que tampoco dejaremos atrás la equiparación de las retribuciones de policías y guardias civiles con sus homólogos de las comunidades autónomas, así como a los funcionarios de unas y otras.
Y ya, aunque aquí más que armonización debiéramos hablar de centralización, seguro que no nos olvidaremos de las competencias cedidas en materia judicial y de prisiones, temas, estos, que por sus características nunca debieron ser transferidas.
Por último, y no por ello menos fundamental, lógico sería armonizar la eficiencia de la administración de nuestras comunidades autónomas, eliminando todos los chiringuitos, empresas ineficientes y duplicidades con el Estado que existen en muchas de ellas y, por supuesto, armonizar sus competencias, con independencia del artículo de la Constitución por el que cada una accedió a la autonomía, incluida la eliminación de los privilegios reconocidos a País Vasco y Navarra, dado que no es lógico conservar por parte de las mismas unos privilegios medievales que ningún sentido tienen actualmente, aunque para ello haya que modificar la propia Constitución al estar reconocidos en la misma.
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