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De plena actualidad figura la cuestión acerca de cuál debe ser el modelo económico en Cantabria y si estamos a la par de otras Comunidades según el indicador que se elija. En este clima permanente de precampaña política nos encontramos ante reformas de calado para ... una financiación autonómica que no acaba de arrancar del todo. Tras el último informe del Comité de Expertos y Ministerio, hace ya tres meses que Cantabria trasladó a Hacienda las alegaciones a la propuesta planteada en 2021 de nuevo modelo de financiación autonómica en un documento de carácter técnico elaborado por la consejería y un equipo de investigadores de la UC. En ese texto se planteaban diferentes propuestas (defendiendo la necesidad de garantizar nuestro coste efectivo de los servicios y factores singulares como orografía, envejecimiento o dispersión poblacional) para enmendar un modelo que, en el peor de los escenarios, supondría dejar de ingresar 472 millones de euros (una cantidad ligeramente menor a la dedicada anualmente para financiar el Hospital Valdecilla). Asimismo, en el modelo actual los ingresos por anticipos y de liquidación se comunican a las Comunidades en julio, es decir, sólo pocos meses antes de presentar los proyectos anuales de presupuestos.
Es en ese punto en donde Cantabria está a la espera de novedades de Madrid dado el evidente aplazamiento de la negociación de dicho nuevo sistema de reparto. Dicha procrastinación obedece a varios elementos, pero quizás los más influyentes son el carrusel de próximas citas electorales que dificulta un consenso multilateral por parte de todos. Surgen así cuestiones clave como solidaridad interterritorial y repartos de cestas de tributos en base a la corresponsabilidad fiscal, siendo fundamentales los acuerdos entre partidos y si no, al menos, que las Comunidades que no estuviesen de acuerdo se quedasen con el modelo anterior.
Mientras, es momento de seguir valorando 'cómo están los bolos pinados'. Además, no es del todo descartable que antes de 'abrir dicho melón' financiero se opte por cambios temporales en el sistema que, sin menoscabo de reformas más detalladas, pretendan atender las reivindicaciones ad hoc de otras Comunidades ajenas a nosotros.
Con todo, much@s venimos planteando en este escenario que, para defender los intereses de Cantabria, hemos de anticiparnos en, al menos, cinco cuestiones. Primera: introducir nuevos factores correctores que salven las peculiaridades del coste de los servicios que sean ajenas a factores poblacionales (con la cláusula statu quo como principio irrenunciable). Segunda: calibrar qué sucede si todos los servicios se tuviesen en cuenta al nivelar recursos entre Comunidades, y no solo aquellos 'relevantes' (sanidad, educación o servicios sociales). Tercera: Cantabria cerró 2021 con 3.426 millones de euros de deuda pública (casi el 25% del PIB) siendo básico reconducirla a tendencias más sostenibles. Cuarta: cualquier cambio en la cesta tributaria autonómica, incluida la relativa a impuestos propios, debe adecuarse al margen de maniobra presupuestario debido a la incertidumbre en precios y tipos. Y es que el elemento central es el IRPF y no debe confundirse deflactarle para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación con corregir la 'progresividad en frío' que implicaría deflactarle según el crecimiento de rentas indexadas a dicha inflación. Quinta: insistir en las mejoras en fondos niveladores y en reformas del Fondo de Compensación Interterritorial que aporten resiliencia frente a la crisis del coronavirus.
En resumen, citando al escritor Luis Sepúlveda, «la importancia de conocer el pasado es fundamental para comprender el presente e imaginar el futuro» y eso también se aplica a la financiación autonómica. Más que sea como un Juego de Enredos, la cuestión es anticiparse a la dinámica a futuro que vaya señalando la ruleta.
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