Las ciudades que asumen su responsabilidad en educación

La política educativa está determinada por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Las medidas vinculadas a la extensión, generalización y obligatoriedad, desde un compromiso de calidad, promueven el principio de educación para todos y compensan las desigualdades sociales de partida. La educación, como derecho, tiene que llegar al conjunto de la ciudadanía y hacerlo a lo largo de toda la vida, basada en los principios democráticos de libertad, equidad e igualdad de oportunidades.

Pero, en plena sociedad de la información (y desinformación), la educación se extiende más allá de los centros escolares, más allá de la infancia y de la primera juventud. La educación llega a todos los rincones de la sociedad y transcurre a lo largo de toda la vida.

En los últimos años cada vez más ayuntamientos están dispuestos a asumir su protagonismo. Progresivamente, se han abierto a la reflexión sobre el sentido, posibilidades y límites de su implicación en la educación permanente de los ciudadanos creando o fortaleciendo los Servicios Municipales de Educación.

Hace muchos años que los ayuntamientos gobernados por el PSOE han asumido su responsabilidad con la educación, yendo mucho más allá de sus límites competenciales. No tenemos más que dar una vuelta por ciudades como Gijón, Hospitalet o Alcorcón.

Son ejemplos, en nuestro contexto y también en el internacional, las experiencias de 'Centro para el aprendizaje de las TIC y de la innovación social' de Gandía (España); el programa 'Personas mayores saludables y activas' de Torres Vedras (Portugal) o el 'Consejo de las personas mayores' de Toulouse (Francia), entre otros.

En Santander, siempre gobernada por el PP, las competencias sólo sirven de excusa para no asumir la responsabilidad desde la administración más cercana al ciudadano, en una dejación de la función compartida en esta formación permanente a lo largo de la vida.

Las políticas educativas municipales pueden concretarse en proyectos educativos de ciudad, oficinas municipales de escolarización, mesas mixtas de planificación, consejos escolares municipales (pendiente en Santander desde que se aprobó en una moción del PSOE), planes de acogida en las instituciones socioeducativas, planes para la mejora del éxito escolar, programas de acompañamiento en la transición escuela-trabajo, planes educativos de entorno, caminos escolares seguros (otra moción del PSOE), centros educativos de titularidad municipal, escuelas de educación infantil y centros de formación permanente o proyectos con otros agentes educativos de la sociedad civil, entre otras actuaciones.

El Banco de Buenas Prácticas de Ciudades Educadoras (no se trata de inventar la rueda) ha destacado las iniciativas 'Espacios familiares' (Badia del Vallès), 'Proyecto de aula abierta de mejora del éxito' (Talavera de la Reina), 'Laboralia' (Burgos), 'La casa de la infancia' (Castelldefels), 'La escuela abierta al barrio' (Elche), 'Coordinación salud y adolescentes' (Gijón), 'Proyecto Horizón' (Mislata), 'Escuela de padres y madres' (Vic), de 'Planificación educativa' (Alcorcón) o 'Ser joven después de la ESO' (Vitoria).

Avanzar hacia un municipio educador pasa por reforzar los recursos educativos, desde la escuela de educación infantil hasta la formación de personas adultas y las actividades para la gente mayor, pasando por la Universidad y escuelas técnicas, al tiempo que se aprovecha todo ese esfuerzo para la construcción de un municipio para todos y todas.

Se trata de promover la inteligencia urbana y fortalecer el municipio como instancia de conocimiento y creatividad en el arte de vivir juntos, redescubrir la democracia urbana, venciendo la exclusión, desde un nuevo gobierno colectivo, capaz de compaginar progreso y participación, crecimiento y calidad, igualdad, libertad y responsabilidad, gobernabilidad y mediatización en la vida pública.

Solo así el ayuntamiento puede erigirse en motor de cambio, transformación y modernización, garantizando propuestas interesantes y necesarias para el propio municipio, concentrando esfuerzos en los menos favorecidos y optimizando los recursos.

La política educativa está en el centro de nuestro Estado del Bienestar y la administración local debe asumir su responsabilidad. Pero el papel de nuestro ayuntamiento debe favorecer el desarrollo educativo y elevar la educación a la categoría de prioridad municipal, voluntad política que se demuestra con el Presupuesto. Este empeño no se percibe en Santander. No se trata de promover becas de excelencia (que de eso ya se encargan otras entidades) cuando no hay becas para los más vulnerables, mucho más apropiada para erradicar las discriminaciones y desigualdades, por un principio de equidad y de justicia social.

No es lo mismo un Ayuntamiento que aprovecha todo el potencial de la Educación para democratizar, transformar y modernizar la ciudad que otro que elude de manera tan llamativa esta responsabilidad social. El de Santander, por desgracia, se encuentra entre los segundos.