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El caso de los contratos irregulares en las direcciones de Igualdad y Juventud ha dejado en evidencia a los mecanismos del Gobierno regional para ... prevenir y detectar actuaciones de mala praxis o ilegales en sus despachos. Algo tan sencillo como cruzar el curriculum de un alto cargo con los contratos firmados en su desempeño público ha pasado por debajo del radar del control del Ejecutivo, a pesar de que la Ley de Incompatibilidades deja poco lugar a la interpretación. La pregunta, claro, es cuántos casos más, y más graves, estaremos financiando los cántabros sin sospecharlo.
Miguel Ángel Revilla respondió con rapidez y contundencia desde el primer minuto al pedir la dimisión de Alicia Renedo, pero al presidente hay que exigirle más. No solo determinación a toro pasado, sino medidas de prevención para evitar que estas situaciones se repitan. Si algo ha dejado claro el 'caso Renedo' es la necesidad de crear ese organismo anticorrupción que el presidente prometió hace ya ocho años, en plena negociación con Podemos para su investidura. Dos legislaturas después no hay nada, más allá de un cúmulo de retrasos, desacuerdos entre los partidos para ponerla en marcha y un proyecto para rebajarla a buzón de denuncias ciudadanas.
El alto coste fue la primera piedra en el camino que se encontró el Gobierno. En otros sitios donde sí se ha abierto esa oficina anticorrupción -con mayor o menor éxito-, como Baleares, Valencia, Cataluña, Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid, ha llegado a suponer un coste de más de dos millones de euros. Una cantidad anual que al PRC le parece demasiado elevada.
Y tampoco gustaba la dependencia de la oficina con el Gobierno de turno. El PRC quería que el presidente recomendase un nombre que el Parlamento debería ratificar. Una idea que no fue bien acogida por el resto de partidos de la oposición, a pesar de que es un modelo similar al que sí funciona en otras comunidades, como Andalucía, donde los diputados eligieron en 2021 al magistrado Ricardo Vicente Puyol Sánchez como director de su oficina anticorrupción. Allí, eso sí, se trata de un organismo con personalidad jurídica propia y adscrito al Parlamento.
Ya en esta legislatura, desechada la idea de la oficina, el proyecto ha quedado reducido a un buzón de denuncias, que convierte al Gobierno en un mero transmisor entre el ciudadano y la Fiscalía, obviando su obligación de vigilar lo que sucede en sus despachos.
Habrá que esperar a la Ley de Participación Ciudadana para ver este buzón. Y teniendo en cuenta que el Parlamento cierra en abril por la convocatoria electoral, todo apunta a que sumaremos una nueva legislatura sin ese mecanismo de control.
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