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Nadie puede negar que el desafío que tienen por delante los poderes públicos con esta pandemia es extraordinario y de una complejidad inusitada. Tampoco que las medidas adoptadas, aunque tardías, eran necesarias (por mucho que hayan sido o sean objeto del legítimo debate político y ... técnico acerca de la conveniencia o no de ir más lejos en su alcance). Ahora bien, cosa bien distinta es cómo se están ejecutando. La respuesta de los ciudadanos está siendo muy razonable a pesar de determinadas actitudes puntuales que la mayoría reprueba sin tapujos. Pero no podemos olvidar que el cansancio y el estrés por el confinamiento hacen mella y ese desgaste conlleva riesgos. Pero incluso así la responsabilidad individual está primando. También tenemos el compromiso ejemplar del personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad o ejército, trabajadoras y empleados de limpieza, supermercados, farmacias, transportistas y repartidores y otros muchos colectivos sin los cuales abordar esta crisis hubiera sido imposible. Las consecuencias de su desprotección han causado un profundo dolor colectivo.
La respuesta de las administraciones ya es harina de otro costal.El gobierno de la nación ha mostrado una falta de competencia sin igual. Hasta la fecha ningún gobierno de la democracia había dado tantos tumbos. Estamos viendo un gobierno desnortado, sin estrategia, a rebufo de los acontecimientos y con un afán regulador nunca visto. Y esta pandemia no se arregla con decretos y órdenes ministeriales. Da la impresión de que el Gobierno desea preservar un relato oficial suprimiendo otras interpretaciones, un relato que no cuadra con la realidad y con los datos. Por supuesto, se trata de errores y de falta de previsión, en ningún caso se sugiere intencionalidad ni falta de voluntad. Probablemente si se hubiera atendido a la información disponible, las decisiones habrían sido diferentes. Un factor crítico diferencia la gestión de nuestro gobierno con la de otros gobiernos: el mantenimiento de la vida normal cuando ya existía un número de infectados importante, lo cual descontroló la trasmisión comunitaria. También la falta de previsión y de planificación con respecto al acopio de material sanitario. El problema de la descoordinación autonómica como hecho diferencial. Por supuesto que otros países han cometido errores similares incluso peores (mal de muchos...). Pero también hay países que no los han cometido o los han cometido en menor medida. Ahí se refleja la gran diferencia en ciudadanos infectados y fallecidos y, sobre todo, profesionales sanitarios contagiados que caracteriza la pandemia en nuestro país.
Las Comunidades Autónomas, que tampoco actuaron con premura precisamente, se quejaron de que no tienen ni les llegan los recursos para afrontar tal pandemia. Señalar las insuficiencias de la sanidad pública es una explicación, pero no la única. Todos, con mayor o menor intensidad, han recortado, como ahora volverán a hacerlo por necesidades del contexto. Y serán recortes durísimos. Tal vez como no hemos conocido nunca.
Gobernar es algo muy serio. Lo que está pasando no es fruto de la casualidad. Con las respuestas ofrecidas por las administraciones que las cosas salieran razonablemente bien hubiera sido un milagro. No hay que ser demagogos: las consecuencias dramáticas de la pandemia no podrían haberse evitado. Pero sí se podrían haber atenuado sus efectos y atendido mejor a los ciudadanos, evitando algunas muertes y prestar mejor servicio especialmente aquellos colectivos más vulnerables y a los profesionales sanitarios y de otros colectivos que se han sentido olvidados cuando no humillados.
En situaciones de emergencia, el poder se acumula y es cuestión de confianza la disposición para devolverlo pasado el momento de crisis, que es lo que legitima esa acumulación de poder. Pero ese poder debe ejercerse en el marco establecido por el derecho, de forma limitada y temporal por el fin que lo justifica. En modo alguno la crisis puede convertirse en una excusa para el avance del autoritarismo, y que la libertad decaiga bajo la coartada de la emergencia. La libertad de expresión está para amparar lo que no le gusta oír a los que mandan en cada momento. De ahí que sea uno de los primeros derechos fundamentales en ser atacado por un gobierno de tinte autoritario. Lo que no es de recibo es aprovechar la situación excepcional como justificación para recortarla o monitorizarla con la excusa de perseguir delitos de odio, calumnias, injurias o simples mentiras.
Es necesario cambiar el relato oficial y acercarse a la realidad, a quienes son críticos constructivos, aunque sean de la oposición, con confianza, no con reparos y descalificaciones. Tender puentes es factible, se puede hacer. Para ello tan solo hace falta aceptar que la libertad de expresión, la crítica constructiva y la discrepancia ideológica no se oponen a la lealtad y al acuerdo. Debiéramos estar acostumbrados porque cuando se trata de sociedades muy divididas por criterios ideológicos y nacionalismos como la nuestra la colaboración es imprescindible porque las decisiones no puede basarse en la regla de la mayoría ya que si una minoría importante se ve excluida, pierde legitimidad de todo el sistema político.
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