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Hay tipos listos, como el argentino Martín Varsavsky, director de un fondo que gestiona 156 millones de euros y fundador de Jazztel, que ha afirmado que permitir las manifestaciones del 8M fue un error, o como el presidente de Cantabria que se arrepiente de haber asistido ... a esa manifestación donde (dice él) repartió cientos de besos. Estos tipos listos, como otros más, no quieren recordar que en esos días se celebraron reuniones políticas masivas, que algún político se había ido de vacaciones a Milán, que otros se instalaron en Marbella, que se jugaron decenas de partidos de fútbol con público y que el personal pudo asistir a las miles de misas que se oficiaron. Hay mucho 'capitán a posteriori', expertos en todo, incluso en pandemias.
También hay maestros del cinismo político que dicen tender la mano al Gobierno de España, pero no dejan de sacudir zascas un minuto sí y otro también, quizá porque el objetivo es deslegitimar a ese Gobierno antes que ofrecerle apoyo sin reservas. Cuando se percibe una amenaza real que puede hacer naufragar a todo el país, uno tiende a imaginar que todos, incluidos los líderes de los partidos políticos, se sienten impelidos a apoyar temporalmente a su Gobierno para colaborar y superar esa amenaza. La oposición no debe abandonar su obligación de fiscalizar el trabajo del gobierno, pero en momentos como los que vivimos sobra la frivolidad, la descalificación gruesa y el oportunismo. En tiempos de zozobra uno espera tener líderes políticos responsables, no cínicos y que por un tiempo se abandonen las tácticas de la zancadilla. ¿Tiene sentido que un minuto después de comparecer ante la opinión pública el presidente del gobierno de España aparezcan los portavoces del Partido Popular para descalificar el contenido de la comparecencia anterior? No me gustan quienes tienen como referente ideológico o como estrategia estar en contra. ¡Qué oportunidad está perdiendo el PP de diferenciarse de la extrema derecha!
Para evitar que algún empresario pueda utilizar el coronavirus para aligerar plantilla, el gobierno ha prohibido los despidos mientras dure esta situación excepcional. Parece una medida temporal razonable que así ha sido admitida por diferentes empresarios, aunque responsables de la CEOE solo vean medidas que endurecen los mecanismos laborales.
El Gobierno ha aprobado un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de servicios no esenciales. Trabajadores y trabajadoras mantendrán su salario y recuperarán las horas en los próximos meses. Se trata de reducir al máximo la movilidad de la población y contribuir a contener el avance del coronavirus. El líder del PP y el presidente de Cantabria ya anunciaron que estaban en contra de estas dos iniciativas del Gobierno de España. Seguramente el Gobierno deberá reflexionar y hacer un esfuerzo añadido para mantener, desde la unidad y la lealtad, la necesaria estabilidad institucional.
En esas circunstancias llama la atención leer que empresarios de la sanidad privada (esa que tanto gusta y defienden los liberales de salón) han recortado sus plantillas con la disculpa de que la epidemia ha originado un desplome de la actividad en sus centros. Quizá para esos grupos empresariales, las pólizas de los seguros privados no sean rentables para tratar el coronavirus. Prefiero el comportamiento ejemplar y generoso que están demostrando muchos empresarios de este país con sus iniciativas solidarias donando material, aportando fondos para la investigación o para hacer frente a la pandemia y ofreciendo infraestructuras para paliar determinadas carencias.
Estamos ante una crisis con una caída total de la demanda en transporte, restaurantes, hoteles, pequeño comercio, espectáculos... Con industrias cerradas por interrupción de los suministros, con caída directa en la producción y efectos negativos en la cadena de proveedores y distribuidores, con miles de trabajadores sometidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Un ejemplo concreto: leo que en España hay 183.306 bares, 78.950 restaurantes y 16.000 hoteles. Este sector, actualmente cerrado, emplea a 1,7 millones de personas y genera el 6,2% del PIB nacional.
Se hace imprescindible demostrar la eficacia de la intervención del Estado, tanto en materia monetaria como fiscal, para asegurar un nivel de demanda suficiente que se plasme en empleo. Si hoy ha caído la demanda efectiva, habrá que reactivarla desde la inversión pública.
Aunque no haya certezas del comportamiento de usuarios y clientes cuando se vuelva a la normalidad, lo importante será impulsar la recuperación y la productividad, porque la pandemia, aunque será temporal, es previsible que llegue a afectar al 10% de nuestro PIB y tendrá efectos negativos sobre las cuentas públicas. Será posible esa recuperación si las medidas de contención funcionan y si las medidas económicas tienen el apoyo decidido de instituciones supranacionales. Sin apoyos externos, el Gobierno deberá compensar las pérdidas de empresas y autónomos transfiriendo esos diez puntos del PIB al sector privado, y la forma de hacerlo será acudiendo a un mayor endeudamiento público con efectos en los presupuestos y en la prima de riesgo al colocar los títulos de deuda. Más adelante, habrá que discutir cómo se compensa vía fiscalidad progresiva esa desviación de la deuda pública. Ahora no, pero llegará el momento en que habrá que hacer esa revisión fiscal.
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