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La renuncia de Dolores Delgado a continuar como Fiscal General del Estado por razones de salud cierra una etapa ciertamente controvertida en el Ministerio Público, que empezó con su nombramiento para el cargo por el Gobierno en febrero de 2020 tras su cese como ... ministra de Justicia. Fue estando al frente de ese departamento cuando se conocieron las grabaciones de su etapa en la Fiscalía de la Audiencia Nacional con manifestaciones tan censurables por su contenido como rechazables por su complicidad en el transcurso de un almuerzo de celebración de la entrega de una medalla al hoy excomisario Villarejo. En su paso por la responsabilidad que desempeñaba hasta su dimisión han destacado los desencuentros con la junta de fiscales de sala y las desavenencias generadas dentro de la carrera por algunos nombramientos que parecían primar a compañeros adscritos a la UPF, de orientación progresista. Ello mientras su procedencia directa del Gobierno permitía a los grupos de la oposición cuestionar reiteradamente su autoridad y una enmienda socialista a la Ley Concursal -más tarde retirada- que aseguraba el ascenso de Delgado a fiscal de sala se erigía en motivo de protesta por parte de sus socios de Unidas Podemos.
Resulta elocuente que habiendo permanecido de baja dos meses, e incorporándose al trabajo hace apenas cuatro semanas, su renuncia coincida con avisos de remodelación en el equipo que rodea al presidente Sánchez. Delgado dio a conocer ayer un comunicado calificando de «satisfactorio» su propio balance y encabezando los logros de su gestión con «un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia». Extremos que contrastan con una percepción generalizada en sentido contrario. La propuesta de Álvaro García Ortiz, jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General, para relevar a Delgado con el plácet del CGPJ obliga a pensar en continuidad, pero también invita a apelar a una normalización de las relaciones dentro de la carrera, a superar tensiones respecto a la junta de Fiscales de Sala y a cohesionar el consejo fiscal. La especialización de García Ortiz en materia de Medio Ambiente y en incendios forestales, en concreto, quedan fuera de duda. Por eso la titular de Justicia, Pilar Llop, pudo haber evitado al término del Consejo de Ministros el énfasis que puso en vincular su designación a la emergencia climática e incluso a las últimas catástrofes de fuego. Como si todo respondiera a una estratégica intervención del Gobierno Sánchez.
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