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En la sección 'Opinión' del viernes 22 de febrero, en el artículo titulado 'Ecolojetas', el autor muestra su malestar debido a que las personas o colectivos que considera 'ecolojetas' (falsos ecologistas) y 'activistas antisistema' están obstaculizando la implantación de los polígonos eólicos proyectados en ... Cantabria. Rubén Diego Carrera, que se presenta como desinteresado ingeniero y profesor, olvida informar de que ha sido director corporativo de una proveedora de Iberdrola (2009-2019) y actualmente desarrolla el 'Plenercan' para el Gobierno. Como muchos de los males a los que alude son aplicables al caso de los intereses que representa, emplearé comillas para aprovechar sus propias expresiones.
La historia del desarrollo eólico en Cantabria es una historia de chapuzas paralegales y demagogia en la que los tribunales han parado reiteradamente una serie de proyectos cuyos promotores daban por seguros en un clima de laxitud normativa y procedimental. Patético ejemplo es el solitario aerogenerador erigido en Campoo debido a la apresurada obstinación del gobierno de entonces por presentar resultados visibles de su plan energético sea como fuere. Otro ejemplo es que lleven tantos años alrededor del mismo proyecto del Escudo, troceado, reelaborado, apoyado institucionalmente y aún así no realizado por no lograr pasar nunca el filtro legal. A la persona que entregó el primer estudio de impacto ambiental del Escudo le dijeron que «bueno, esa zona está ya sentenciada» refiriéndose a sacrificarla, sin hojearlo siquiera. Ojo.
Un sistema democrático cuenta con la labor del asociacionismo a la hora de tomar decisiones, no sólo con los partidos políticos. Los colectivos conservacionistas son pieza clave a la hora de revisar críticamente todo proyecto relacionado con la biodiversidad y, en su caso, cuestionarlo. Es su deber. Esto es el funcionamiento normal en un sistema democrático. Quien llame a esto 'activismo antisistema' quizá piense que vive en un sistema estilo «Voten un día y cállense siempre».
La laxitud normativa en Cantabria se fundamenta en retrasar todo lo posible los planes de uso y gestión de los parques naturales, el POL, o el inutilizado PROT, concebido éste para no operar sobre proyectos eólicos previos, El Escudo entre ellos. Muchos años antes se apresuraron a crear los PSIR como excepción a las normativas que retrasaban promulgar. No satisfecho aún, el anterior consejero de Industria promovió una ley anunciada como instrumento contra los «francotiradores» (sic), destinada también a sortear filtros legales. Es patente la aversión del binomio político-emprendedor al ordenamiento territorial y la regulación de los usos («nuestro problema aquí es la conservación del parque natural y del casco antiguo», dijo cierto alcalde costero cántabro multimillonario).
¿Qué hicieron los grupos conservacionistas en este tiempo? En semejante coyuntura, más que nada, pleitear. Podrían haber hecho más cosas, pero tuvieron que encauzar la mayor parte de su esfuerzo en trabajos de abogacía ambiental, dado el panorama constante de compadreo político-empresarial, de burbuja inmobiliaria, de aprobación a la chita callando del fracking... Tuvieron siempre que acudir con urgencia a los tribunales porque las leyes se sortean de facto en un clima de impunidad, cuya herencia son cientos de edificaciones ilegales condenadas a derribo. ¿Son también los jueces 'ecolojetas activistas antisistema'?
La zona del Escudo, turberas aparte, es la confluencia de la divisoria montañosa Pas-Besaya con el eje mismo de la Cordillera Cantábrica, vía principal de paso diario de rapaces que acoge a casi todas las especies -16 registradas 'in situ'-, aledaña al embalse del Ebro y al de Alsa, vía migratoria de aves acuáticas cuyas condiciones de visibilidad se ven anuladas la mayor parte del año por la niebla. Hablando de murciélagos, especies protegidas y principales víctimas de los eólicos en mayor número que las aves, en ese entorno tenemos registradas 21 especies; para 7 de las cuales la Directiva Hábitats incluye medidas de conservación del entorno.
Esto no es patrimonio del ecologismo, sino público, su preservación corre por ley a cargo de los responsables técnicos y políticos del área de medio ambiente que hoy se dedican a representar ante medios y vecinos afectados los intereses de las eólicas, y que al tiempo que agilizan la tramitación de parques, se muestran especialmente lentos para proporcionar informació –no propaganda proeólica encubierta– a los afectados.
En cuanto a declaraciones positivas de impacto ambiental, cuando empresas «ambientales» hacen un inventario de murciélagos a base exclusivamente de consultar bibliografía, 'sin pisar la zona', ofrecen «soluciones a medida del cliente», y contratando a un especialista advierten «No queremos ecotalibanes», algo huele a falacia. El clima de compadreo político-empresarial, ése sí debe cambiar, desapareciendo. Que las empresas mirando su lucro y los políticos que negaban ayer el cambio climático se presenten ahora como más ecologistas que los ecologistas a los que siempre presentaron como engorrosos oponentes, eso es 'ecolojetismo' en grado supino.
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