Amnistía con reservas

Pero el veto expresado ayer por el Senado no resulta ocioso. Revela que la iniciativa que el Congreso aprobará en pocos días no cuenta con un consenso amplio, sino con una anuencia limitada a la mitad más uno de la representación política. Que su aprobación resulte inexorable no puede convertirse en motivo para desechar cuantas críticas y reservas despierta la amnistía. Tampoco la juiciosa renuncia de la mayoría del Senado, del PP, a promover un conflicto de atribuciones respecto al Congreso ante el Tribunal Constitucional concede la razón a la iniciativa promovida por el PSOE previa negociación con Junts y ERC.

La promulgación legal y legítima de la norma no impide que se mantengan los argumentos que la presentan como una reforma constitucional encubierta. El hecho de que el partido del presidente Pedro Sánchez resolviera tramitarlo como proposición de ley –tras pasar de considerarla inconstitucional a defenderla como plenamente constitucional– atendió, sin duda, al propósito de eludir los dictámenes preceptivos no vinculantes que de seguro habrían puesto en cuestión su contenido. Los intentos últimos del independentismo para blindar la norma frente a posibles interpretaciones adversas de instancias judiciales demostraron hasta qué punto se trata de una norma jurídicamente forzada por necesidades netamente partidarias.

Los resultados de las elecciones del domingo en Cataluña han conducido a una lectura de parte de una amnistía todavía no promulgada, como causa de este último declive independentista. Como si la caída electoral de un secesionismo que se siente amnistiado de antemano concediera a la norma en trámite un especial aval constitucional.