Inflación a largo

El Gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Teresa Ribera tienen razones fundadas para vindicarse como artífices de una iniciativa que está permitiendo sortear los peores vaticinios. Pero a partir de ahí se confirma que las posibilidades de intervención del Estado en la fijación de precios al consumo son, cuando menos, limitada en una economía de libre mercado. La relación entre oferta y demanda revela, en medio de la inflación, que las crisis afloran sociedades dualizadas. La carestía continuada de alimentos frescos afecta además a las necesidades nutricionales de millones de personas. Una cuestión que puede volverse crítica en el caso de las personas mayores en soledad y en el desarrollo de los más jóvenes. Mientras, hay españoles en disposición de consumir según costes inaccesibles para buena parte de los ciudadanos.

Es dudoso que la eventual extensión de la rebaja del IVA al pescado y a la carne contribuya a la reducción de su precio final. La cadena alimentaria presenta eslabones intermedios sujetos a crítica; pero está también integrada por sectores que reclaman legítimamente un justo precio por su aportación. Un Gobierno democrático que descrea de las virtudes sociales de una economía planificada tampoco debe conminar moralmente a un ajuste de precios al que no contribuya presupuestariamente.