Jubilación a la francesa

Francia es el país europeo con mayor gasto social. Las grandes compañías fabriles y las empresas de titularidad pública o con origen en ella, sumadas a la propia Administración, han garantizado durante décadas el empleo seguro de millones de trabajadores. La jubilación y su adelanto forman parte de un acervo reivindicativo no ya sindical, sino republicano. Solo que el incremento de la esperanza de vida, la segmentación del tejido productivo y la diversificación profesional hace tiempo que han puesto la sostenibilidad de la Seguridad Social. Cuando, además, el resto de servicios y coberturas, que en muchos casos cuentan con la condición de derechos, han tendido a ampliarse a causa de las tres últimas crisis: la financiera, la pandémica y la bélica. Hasta tal punto que Francia podría verse en serios apuros para responder a los requerimientos de la UE una vez que se restablezca plenamente la disciplina fiscal.

A pesar de que, durante los dos meses de debates en torno a la iniciativa del Gobierno y de movilizaciones en su contra, el proyecto inicial ha sido modificado en busca de un mínimo de distensión, la contestación ciudadana y las distancias partidarias se han incrementado. Las protestas convocadas para el próximo jueves aparecen ya como el trasfondo de que tres días antes se haga patente una moción de censura que, aun sin que esté clara su viabilidad parlamentaria, lleve al presidente Macron a sustituir a la primera ministra, Elisabeth Borne. Pero será muy difícil que Francia se estabilice política y socialmente mientras el país entero no se deshaga de la ilusión de que podría seguir igual, y de que los cambios en que se empecina Macron obedecen a que está en su último mandato y a las exigencias de Bruselas, nada más.