Mascarillas, pélets y otras pugnas

Dos ejemplos vividos esta última semana con amplio eco en Cantabria dan buena cuenta de esta situación, que hasta ahora era más común en periodo electoral, y en la que quienes ejercen el Gobierno tienen una posición de ventaja y las oposiciones se lanzan a contrarrestar. Se crea así una espiral creciente en la que en muchas ocasiones el simple respeto a la veracidad es inexistente, por lo que es imposible aspirar a que avance una discusión constructiva.

Es lo que ocurrió con la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios, impuesta por la ministra de Sanidad, tras el rechazo de varias comunidades autónomas. La medida fue corregida a las pocas horas, ya estaba en práctica en determinadas regiones, y provocó una escalada de ataques entre los bloques políticos que lo último que tuvo en cuenta fue la oportunidad del uso del utensilio sanitario y la determinación de las circunstancias y lugares en los que podría tener utilidad. Extremos que no compete sino a los especialistas, tanto del Ministerio como de las consejerías autonómicas, determinar.

En otro ámbito, pero con similar planteamiento, algún experto en comunicación política, o en desinformación, quiso ver en la pérdida en el Océano Atlántico de un contenedor con 25 toneladas de pequeñas piezas de plástico por el Toscano, un portacontenedores de bandera liberiana, otro Prestige con el que tratar de revertir el previsible resultado de las elecciones gallegas del 18 de febrero. El vertido de los miles de sacos de pélets a 80 kilómetros de Viana do Castelo del 8 de diciembre ya se ha hecho notar en toda la costa gallega y cantábrica y, sin restarle la mínima importancia, poco tiene que ver con el del desastre del crudo de hace 22 años. Por el momento, el recordatorio de las agresiones que el medio marino sufre constantemente por los plásticos, su degradación y su inclusión en la cadena alimentaria es la principal lección que el suceso arroja.

Sin embargo, el choque entre administraciones, que en algunos momentos ha llegado a tener visos cómicos pese a la seriedad del problema, ha dejado de lado la verdadera función de los responsables públicos. A saber: determinar el problema y su magnitud, ya que aún hay muchas circunstancias del suceso sin aclarar. A continuación, establecer las medidas precisas dirigidas a paliar las consecuencias, para lo que la colaboración entre las distintas instancias competenciales es ineludible. Posteriormente, establecer las responsabilidades, siempre complejas en el mundo del derecho Marítimo y sus banderías de conveniencia. Y por último, y no menos relevante, disponer las medidas para tratar de impedir que vuelva a ocurrir y utilizarlo como palanca para promover la recuperación y protección del medio marino.

Eso es lo que los ciudadanos esperan de quiénes han recibido el encargo de administrar lo común, y no el uso del poder a su conveniencia, aunque dado el espectáculo diario de la política pueda parecer lo contrario.