De nuevo, Dolores Delgado

La Ley de Memoria Democrática, en su artículo 28, «crea un fiscal de sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derechos Humanos, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura». Atribuyéndosele además «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas». Una tarea tan relevante y delicada que no debería estar condicionada por la diatriba que acompaña a Delgado. La designada formó parte hasta 2020, como titular de Justicia, del Gobierno que impulsó la Ley de Memoria Democrática. Pasó a la Fiscalía General, en la que fue relevada por alguien que contribuyó a promocionar, que después la ascendería a fiscal de sala y ayer nombró responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se da por otra parte la circunstancia personal de que es pareja del exjuez y abogado en ejercicio Baltasar Garzón, que desarrolla parte de su actividad profesional en el área de competencia de la nueva fiscalía de sala.

El fiscal general Álvaro García Ortiz manifestó ayer que no concurría causa de incompatibilidad alguna para el nombramiento de Delgado. Y que cualquier motivo puntual se dirimiría en su caso acorde al Estatuto de la Fiscalía. Pero se trata de una designación tan al límite en todos los sentidos, cuando había otros candidatos al puesto con más méritos, que es inevitable volver la mirada hacia la particular trayectoria de Dolores Delgado.