Una sentencia anunciada

Fue un despropósito que el Ministerio de Igualdad, y Podemos en tanto que partido de gobierno, se enrocase en la defensa de la literalidad de su iniciativa convirtiéndola en 'casus belli' dentro de la coalición progresista bajo la afirmación inicial de que las indeseables consecuencias anunciadas por expertos juristas no se producirían y, a la vista de su clamoroso error de percepción, la conclusión ulterior de que obedecían a la intencionalidad aviesa de una Judicatura machista. La intervención de última hora de la Fiscalía General, proponiendo una salida salomónica para el dislate, contribuyó a rebajar la tensión entre los socialistas –que han reformado la norma con el apoyo del PP– y los morados en el seno del Gobierno. Pero se ha demostrado voluntarista.

La vertiente penal de la ley de Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez, que Pedro Sánchez acabó asumiendo para asegurarse la paz en el Consejo de Ministros y por considerar sus riesgos un problema menor, continúa agraviando a las víctimas. Sobre todo, porque sus promotoras insisten en eludir responsabilidades y siguen revolviéndose frente a quien las contraríe, incluido el Tribunal Supremo. Hasta el 1 de mayo se habían dictado 1.079 rebajas de pena, con 108 excarcelaciones. Claro que el olvido político al que el presidente ha recurrido tras el 28M respecto a todos sus aliados de los últimos cinco años, incluidas las integrantes del Ejecutivo de coalición fuera de la disciplina socialista, y el distanciamiento que Yolanda Díaz ha establecido respecto a Irene Montero y Ione Belarra presentan el caso como un accidente fortuito del que nadie está dispuesto a hacerse cargo.