El tiempo de las pensiones

Ni siquiera existe consenso dentro del Gobierno. Unidas Podemos rechaza de plano ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones a 30 años, de los que serían excluidos los dos peores, frente a los 25 actuales. Una medida difícilmente asumible también para varios socios de Pedro Sánchez porque reduciría, aunque levemente, el importe de las futuras pensiones. CC OO y UGT se oponen a ella. Su singular sintonía con el Ejecutivo no permite descartar que al final acaben por aceptarla, pero antes de plantearse siquiera en qué condiciones lo harían reclaman una mayoría parlamentaria que asegure la aprobación de la reforma, lo que hoy por hoy parece lejano. El PP y la patronal censuran agriamente el aumento de las bases máximas de cotización, entre otros aspectos. En definitiva, salvo acercamientos entre bambalinas que hayan permanecido hasta ahora en secreto, a estas alturas persisten serias dificultades para articular un acuerdo político que avale en las Cortes Generales un decreto-ley en línea con las promesas de Escrivá a la Comisión Europea y que sea aceptado por esta; y uno social más que deseable por la trascendencia de la materia.

La proximidad de una doble cita electoral no ayuda. Está por ver si lo hace la amenaza de bloqueo de los fondos de la UE. Ni el Gobierno ni el país pueden permitirse un revés en este asunto. El gasto en pensiones pasará del actual 12% del PIB a más del 15% en 2050, lo que obliga a ajustes para moderar su ascenso y mejorar los ingresos a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sin que se vean gravemente afectadas otras políticas sociales. Es un error caer en el tremendismo, pero también actuar como si el problema pudiera resolverse por sí solo.