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La política española se ha lanzado peligrosamente hacia una polarización extrema, más difícil de entender en tiempos donde se piden y se necesitan grandes acuerdos. El pasado 3 de septiembre los empresarios españoles hacían un llamamiento al consenso y a la unidad para abordar las ... reformas que permitan sacar al país de la crisis que ha ocasionado la pandemia. Ese mismo día, la ministra Nadia Calviño decía: «Es más lo que nos une a la sociedad que lo que nos separa y eso debe reflejarse también en la política». Como se dijo en esa reunión: desde la colaboración público-privada, necesitamos grandes acuerdos para la recuperación y para hacer que nuestra economía sea más moderna, más sólida, más internacionalizada y más competitiva.
La realidad política parece reflejarnos otra cosa distinta. En el debate político es normal la diferencia y así se admite, pero igualmente debiera ser habitual la coincidencia. En política son lógicos los desacuerdos, pero no debieran ser menos lógicos los acuerdos y más aún en determinadas circunstancias históricas como las que estamos viviendo.
En el funcionamiento de las instituciones, en los procesos de toma de decisiones, en el debate parlamentario, en los procedimientos para convalidar Decretos-Leyes o aprobar proyectos de ley, son normales las discrepancias y por eso existen las enmiendas y el debate. Pero cuando el país exige un proceso de reconstrucción económica y social, los acuerdos son exigibles, por un elemental principio de responsabilidad y solidaridad con la sociedad. No es admisible que la política sea más tóxica que el covid 19.
En la Unión Europea se alcanzan acuerdos para hacer frente a la crisis originada por la pandemia y no se entiende que en España, las fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria no sean capaces de alcanzar similares acuerdos. No se entiende el tema, porque las diferencias ideológicas entre los que acuerdan en la Unión Europea no son distintas a las que puedan existir en el ámbito más cercano. Con los efectos económicos y sociales causados por el covid 19, preocupa que no haya posibilidades de un gran acuerdo para los próximos presupuestos generales del Estado.
Las prioridades de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pasan por obtener rentabilidad electoral en ese campo secesionista en permanente resaca y condicionan cualquier posible acuerdo. Los seguidores de Puigdemont y Torra no son de este mundo y ni están ni se les espera. Al exhibicionismo populista de Podemos, necesitados de marcar su terreno, no les importa demasiado presionar hasta la deslealtad, olvidando que forman parte de un gobierno de coalición.
Con esfuerzo, se puede entender que el PP de Casado diseñe sus estrategias pensando que es la alternativa democrática al Gobierno actual, pero resulta complicado entender sus permanentes vetos a cualquier acuerdo, salvo que su enrrocamiento obedezca al temor a ceder al integrismo cerril y patriotero el protagonismo de la oposición.
Se pide al Gobierno, a la patronal y a los sindicatos que alcancen acuerdos sobre los ERTE, la regulación del teletrabajo, las reformas en la legislación laboral, la negociación colectiva, la condición laboral de los falsos autónomos, los salarios, la actualización del Pacto de Toledo..., pero no se insiste con le misma energía en que esos acuerdos también son exigibles a los partidos políticos con representación parlamentaria. La discrepancia desde la inútil radicalidad no trasmite la confianza que nuestra sociedad demanda en tiempos de incertidumbres.
La mayor parte de la sociedad iba a agradecer, que en nuestra democracia se arrinconara la confrontación y se crearan espacios de cooperación para hacer posible un pacto de reconstrucción económica, social y económica; un pacto de reconstrucción moral colectiva.
Lo urgente hoy es aprobar los presupuestos de 2021, porque hay que aprobar el marco presupuestario para presentar en Bruselas el programa que permita absorber progresivamente el gasto de 140.000 millones de euros destinados a España en el programa de recuperación económica aprobado por la Unión Europea.
Es fácil de entender que los problemas económicos y sociales originados por la pandemia en España, no se pueden abordar con una nueva prórroga de los presupuestos de 2018, los últimos del ministro Montoro, porque en ese presupuesto no encajan las transferencias aprobadas por la Unión Europea.
El presidente Sánchez ha avanzado que una subida de impuestos ahora no sería oportuna y que la necesaria revisión fiscal deberá esperar a cuando se constate la recuperación económica. Descartar la subida impositiva, no descarta la revisión de algunas desgravaciones actuales o trabajar en cómo introducir figuras fiscales que afectarían a las transacciones económicas o a las multinacionales tecnológicas, evitando, en todo caso, efectos no deseados en las cuentas públicas.
La negativa total del PP de Casado a la negociación con el Gobierno, solo señala la irresponsabilidad de algunos jóvenes gobernantes españoles. La sociedad (y las urnas) debieran tomar buena nota de lo que suceda en el debate de los presupuestos de 2021.
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