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Cuando asistimos al devenir de la actividad política en España a través de los medios de comunicación, el ruido es ensordecedor, la descalificación, incluso el insulto personal, aparecen de manera constante, así como la deslegitimación del Gobierno, la falta de corresponsabilidad, la hipérbole exagerada. ... Todo ello es la consecuencia de la estrategia de la polarización y la crispación que se ha instalado, de manera interesada, en el «debate» político. En los medios de comunicación priman las noticias negativas, la bronca, acentuando un fenómeno extremadamente peligroso: la desafección de la política, terreno fértil para formaciones políticas populistas de cualquier tipo cuando no claramente reaccionarias.
Y, sin embargo, en España se están alcanzando importantes acuerdos, alguno de ellos que merecen el calificativo de históricos y que permanecerán durante muchas décadas en el escenario político de nuestro país. Nuevas mayorías políticas no lo cambiarán. Ha habido tres acuerdos sobre los ERTE. Acuerdo sobre medidas de apoyo a los autónomos. Se ha pactado la subida del salario mínimo interprofesional. Se ha pactado la ley de regulación del teletrabajo. Se ha convenido el Plan de Igualdad y el Reglamento Retributivo entre hombres y mujeres. Se ha acordado la implantación del ingreso mínimo vital... Estos son sólo algunos ejemplos de los pactos alcanzados entre el Gobierno, los sindicatos (UGT y CC OO) y los empresarios. Acuerdos útiles para la gente, para paliar los efectos de desastrosos del coronavirus en la economía y encarar la lucha contra la desigualdad. Aunque yo creo que no se ha valorado su importancia capital.
Quisiera en este punto hacer un inciso sobre el papel decisivo de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, con especial atención a estos últimos. Se recuerda en estos momentos con añoranza los Pactos de la Moncloa, que fueron un pilar básico en la Transición Española. Se tiende a simplificar aquel proceso como si hubiera sido solo fruto de conversaciones palaciegas. Los Pactos de la Moncloa los firmaron las fuerzas políticas pero su cumplimiento en los centros de trabajo lo impulsaron los sindicatos. No fue una tarea fácil, ni exenta de riesgos. CC OO y UGT defendieron en los centros de trabajo, cara a cara con los trabajadores, un pacto de rentas que en lo inmediato suponía un sacrificio salarial, en un momento con tasas de inflación superiores al 20%, a cambio de contribuir al saneamiento de la economía española. Esa ha sido una de las contribuciones claves en la historia económica reciente de España y a los sindicatos yo creo que no se les ha reconocido en su justa dimensión.
Ahora también los agentes sociales, empresarios y sindicatos, están haciendo una contribución enorme al futuro del país y mostrando una capacidad de diálogo y acuerdo que debería sonrojar a buena parte de las fuerzas políticas y algunas instituciones del Estado.
Los acuerdos citados con antelación no agotan los pactos alcanzados en lo últimos meses. Ha habido un voto casi unánime en la comisión del Pacto de Toledo para marcar una hoja de ruta sobre el futuro del sistema público de pensiones, eliminando incertidumbres sobre su sostenibilidad. Este es un acuerdo trascendental que merecería el interés máximo de la opinión pública, porque es la garantía de las pensiones del futuro.
Aún hay más, el Gobierno ha presentado acciones estratégicas de cara al futuro que han contado con el beneplácito de la mayoría de los agentes implicados. Caben destacar las siguientes: la Estrategia de Movilidad Sostenible, el Plan España Digital, El Plan Nacional Integral de Energía y Clima... Acciones todas ellas que implican reformas necesarias en la senda marcada por la Unión Europea y que van a transformar la economía.
Tenemos ahora dos retos capitales para el futuro de la economía y el empleo en España ante los cuales sería conveniente rebajar los decibelios de la crítica, esforzarse en los argumentos y aportar propuestas acordes con la situación económica. Me refiero los Presupuestos Generales del Estado y a la distribución de los fondos europeos ligados a la pandemia. Dos apuntes nada más en ambos casos.
Con relación a los Presupuestos, la situación económica exige, y los organismos internacionales (BCE, FMI, UE...) predican, la necesidad de unos presupuestos expansivos, con un incremento sustancial del gasto público. Además, es necesario dibujar una senda de reequilibrio presupuestario, que afronte el crecimiento de la deuda pública que se va a producir. Eso nos lleva a la necesidad de reforzar nuestra recaudación fiscal, de una manera más justa, en un país que recauda cerca de siete puntos menos que la media de la UE. Creo que ambos aspectos están contemplados en el proyecto que ha presentado el Gobierno y que bien merecen una tramitación sin sobreactuaciones.
Con respecto a los fondos europeos, lo realmente importante es la calidad de los proyectos que se aprueben. Es decir, que cumplan con las directrices de la UE y que sirvan para la transformación de la economía española: más verde, más digital, más inclusiva, con mayor valor añadido, empleo de más calidad y que contribuya el equilibrio territorial y combata el despoblamiento rural.
Sería importante en ambos casos un debate sereno y profundo sobre contenidos alternativos, y alcanzar acuerdos que fortalezcan nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra democracia. En España se puede y se deben alcanzar acuerdos en el ámbito político de la misma magnitud que se están alcanzando en el dialogo social. La confrontación basada en la inquina no nos lleva a ninguna parte. Creo necesario prestar menos atención al bochornoso espectáculo de la descalificación y darle todo el protagonismo a los acuerdos que se van alcanzando. Una sociedad extenuada lo agradecería, aunque a algunos no les interese.
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