España, ante el espejo de Gibraltar

Gibraltar, tan cerca y tan lejos, ha vacunado a toda su población en poco tiempo y se considera territorio libre de covid-19. Por contraste, en los países de la Unión Europea el ritmo de vacunación es lento y lleno de dudas y contradicciones. Cuando Gran Bretaña decidió dejar la UE los europeos creímos que muy pronto pagarían las consecuencias, pero unos meses más tarde vemos como Boris Johnson ha gestionado mejor el aprovisionamiento de las vacunas, de forma que Gran Bretaña alcanza un nivel de población inmunizada mucho más elevado que la media de la UE.

En España sufrimos un triple problema. Por una parte, la deficiente gestión de la UE para adquirir dosis de las diferentes vacunas. Por otra la fragmentación normativa de las autonomías que evidencian algunos de los problemas sin resolver de nuestro Estado, a medio camino entre un federalismo y una nación en crisis existencial, a un paso de una situación balcánica. El tercer obstáculo ha surgido con la vacuna de AstraZeneca, que evidencia la ausencia de criterio sobre una cuestión concreta, una falta de referente que ha tocado seriamente la confianza en la vacunación de una parte importante de los españoles.

La habilidad de los británicos para eludir sus errores y la torpeza del resto para ocultarlos queda reflejada en este caso. La fórmula para prevenir el covid-19 comenzó siendo Oxford-AstraZeneca. Basta repasar la hemeroteca para comprobar como en la fase final de la investigación y en los últimos meses del año pasado se hablaba de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Cuando aparecieron algunas dudas sobre posibles efectos secundarios se optó por suprimir el nombre de Oxford. De esta forma los británicos tratan de separar el prestigio de la universidad de Oxford de los problemas de esta vacuna. Es curioso porque cuando existe una denominación tan larga y complicada como ésta, lo lógico habría sido dejarla reducida simplemente a la vacuna de Oxford, pero hizo lo contrario frente a la economía de lenguaje.

En España, y en otros países de la UE, se ha creado una desconfianza letal acerca no solamente de esta vacuna, sino en general de los criterios científicos. Una recomendación difundida de manera reiterada, y razonable, ha sido la de atender a los criterios de la ciencia y dejar a un lado las opiniones políticas. En el caso de la vacuna de Oxford este principio se ha desmoronado. En España la comunidad autónoma de Castilla y León dejó de vacunar con ese preparado a pesar de que los virólogos aseguraban -y aseguran- que AstraZeneca ha superado todos los controles y es una fórmula segura. Ahora, esa duda se extiende también al preparado de otro laboratorio y se frena el proceso de vacunación. La tesis de que sean los expertos quienes decidan qué vacunas son aceptadas se ha roto en mil pedazos.

En casos de emergencia, y la pandemia del covid-19 es la mayor emergencia que se ha producido en los últimos setenta años, parece haberse olvidado que ante una situación de máxima gravedad y urgencia es necesario tomar medidas del mismo calibre. No es razonable actuar ante un peligro grave y generalizado con los mismos criterios que para un problema leve y normal. Existe una coincidencia: la solución reside en vacunar y hacerlo cuanto antes, pero el gobierno recurre al viejo dicho de los comercios: «Hoy no se vacuna, mañana sí».