La España de las autonomías

Entre los temas que podrían ser objeto de revisión creo que muchos estarían de acuerdo, al menos, con los siguientes:

Razón de ser de antiguos y caducos privilegios reconocidos al País Vasco y Navarra, en base a unos pretendidos derechos forales, y que nada tienen ya que ver con la realidad actual, incluida la posibilidad de la incorporación de Navarra al País Vasco prevista en la disposición transitoria cuarta de la Constitución.

Eliminación de las diferencias entre comunidades según que las mismas accedieran a su autonomía a través del artículo 143 o del 151 de la Constitución.

Cerramiento de las competencias que corresponden al Gobierno Central y las que correspondan a las Comunidades Autónomas, suprimiendo la posibilidad de delegar en éstas ninguna de las que corresponden al Estado.

Recuperar para el Gobierno de la Nación algunas competencias cedidas a las Comunidades Autónomas y que la experiencia ha demostrado que su descentralización ha producido disfunciones en su gestión y muy escasos beneficios.

Recuperar para el Gobierno central, o en caso contrario extensión a todas las comunidades, las competencias cedidas exclusivamente a algunas de ellas, como es la gestión de prisiones al País Vasco y Cataluña, si bien, en caso de mantener su descentralización, todos los delitos que correspondan ser juzgados por la Audiencia Nacional o directamente por el Tribunal Supremo, sus autores cumplan sus penas exclusivamente en prisiones dependientes del Gobierno central y nunca en cárceles de la propia Comunidad, como pasa actualmente con los terroristas etarras o los independentistas catalanes.

Recuperación por el Gobierno central de la totalidad de funciones del sistema judicial, incluida la gestión de sus edificios.

Recuperación por el Gobierno central de la totalidad de la red nacional de autopistas y autovías de ámbito nacional y ahora cedidas a alguna Comunidad Autónoma, cual es el caso de la autopista del cantábrico al País Vasco.

Evitar excepciones en la gestión de empresas de ámbito nacional, como pretende el País Vasco con la red de paradores, ya que si dicha comunidad quiere crear una red de hoteles propia que lo haga, pero sin que ello impida que la red nacional pueda tener sus propios paradores en dicho territorio.

Coordinación efectiva por el Gobierno de España de la sanidad pública, con independencia de que la gestión de la misma sea ejecutada por las Comunidades Autónomas, evitando con ello 17 sistemas sanitarios diferentes y servicios duplicados en unos casos o inexistentes en otros.

Coordinación efectiva por el Gobierno de España de la educación, con independencia de que la gestión de la misma sea ejecutada por las Comunidades Autónomas, con programas educativos unificados y evitando que el idioma común de todos los españoles sea perseguido y castigado su uso o que la historia de España y de la Comunidad sea tergiversada, cuando no directamente suprimida en el primer caso e inventada en el segundo, potenciando y haciendo efectiva para ello la Alta Inspección Educativa a la que debe dotarse de amplias competencias y de los medios precisos para un ejercicio efectivo de las mismas.

Homogeneización de competencias de la policía y guardia civil en todas las Comunidades Autónomas, evitando que tales cuerpos nacionales queden reducidos a una presencia casi testimonial en determinadas comunidades autónomas.

Modificación del sistema electoral que evite el control que actualmente ejercen sobre la política nacional los partidos independentistas de algunas Comunidades Autónomas cuyo objetivo último es la destrucción de España. Y es que la experiencia acumulada durante este largo tiempo debiera servir de base para hacer las reformas constitucionales que permitan que la descentralización en su día aprobada se utilice para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero no para hacer 17 administraciones más, gigantes e ineficientes, al servicio de los partidos políticos y de los que de ellos han hecho su empresa y su cortijo. Claro, que tal reforma, por pequeña que sea, sólo debería abordarse con un consenso análogo al que hubo para su aprobación, y siempre con la seguridad de que la misma no va a ser aprovechada para convocar un referéndum con fines distintos a los planteados en la reforma propuesta, por lo que mientras no exista ese acuerdo no juguemos con fuego y limitémonos a aprovechar todo lo que de positivo nos ofrece el actual texto constitucional.