Fondos europeos

Es el mayor paquete de estímulo financiado a través del presupuesto de la Unión Europea. Se dispone de un instrumento presupuestario para hacer frente a las realidades actuales y a las incertidumbres del futuro. El objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital. Al instrumento concebido para la recuperación, el NextGenerationUE, de 700.000 millones de euros, se une el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, sumando ambos salen un total de 1,8 billones de euros para ayudar a reconstruir la Europa posterior al covid-19.

La tramitación parlamentaria refleja un alto grado de irresponsabilidad de la actual política española. Frente a la exigencia de construir desde el acuerdo el modelo de gestión del proyecto de mayor cuantía de fondos procedentes de la Unión Europea, lo que ha primado han sido los cálculos partidistas. Corresponden a España 140.000 millones de euros (72.700 millones en transferencias directas) para el periodo 2021-2026, unos fondos de inversión que deberán acompañarse de reformas y priorizar la digitalización y las políticas medioambientales.

Gestionar ese potencial inversor requiere control y un esquema de gobernanza, pero también algo de tranquilidad y mucho acuerdo y no la agresividad partidaria. No se entiende la actitud demoledora de la oposición ante la formulación del Gobierno para gestionar los fondos. Produce inquietud que este proyecto de modernización del país no haya alcanzado el mayor acuerdo político que la sociedad podía esperar. No se entiende no haber alcanzado el necesario acuerdo de cooperación institucional. En el voto negativo coincidieron la intransigencia, las tendencias apocalípticas, el tactismo y la desconfianza.

El texto legal finalmente aprobado ha incorporado las observaciones del Consejo de Estado, diseña una estructura de gobernanza clara, crea los PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, como planes prioritarios para invertir y agiliza los procedimientos administrativos para facilitar el gasto. Serán reconocidos como PERTE aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Los agentes sociales y el tejido empresarial, se incorporan a la elaboración y gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se estima que si España invierte los fondos de forma adecuada, el PIB crecerá un 9,8% este mismo año, pensando que la colaboración público-privada puede hacer multiplicar por cuatro el importe inicial de los fondos disponibles (20.000 millones presupuestados).

Es fundamental para España que este proyecto discurra con seguridad y certezas, y con una actitud inclusiva hacia la oposición y la iniciativa privada. Se trata de canalizar la inversión de forma eficaz y rápida.

Si España hace los deberes y supera las exigencias de Bruselas, los primeros fondos pudieran estar disponibles en verano. Importa tener a tiempo los proyectos presupuestados, coordinando las peticiones de los diferentes ministerios e integrando las presiones de las Comunidades Autónomas. Las administraciones territoriales son actores clave en la ejecución del plan. Los responsables de la gestión deberán pasar del entusiasmo inicial al realismo.

De momento, la Comisión en Bruselas ha dicho que el borrador del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España demuestra «el trabajo muy completo realizado hasta la fecha». El borrador del plan, que ha gestionado políticamente la vicepresidenta Nadia Calviño, parece bien orientado y se ajusta a las prioridades de gasto y a las condiciones de los fondos y pudiera ser aprobado por el Consejo Europeo sin contratiempos. Las limitaciones están incluidas en la política de competencia y en el régimen de ayudas de Estado, que siguen plenamente vigentes.

Los planes de recuperación deberán ir acompañados de un programa de reformas, porque no se trata de apuntalar problemas de una economía en crisis, sino de afrontar reformas estructurales. Los fondos europeos deben ser verdaderas herramientas de transformación.