Fracaso eólico

Está a punto de concluir la legislatura 2019-2023 y ya se puede afirmar que finalizará sin ningún nuevo parque eólico en funcionamiento. Y así viene siendo desde el mandato 2003-2007. Del primer megaplan de 1.000 aerogeneradores diseñado por el Gobierno PSOE-PRC, y cuyo concurso de asignación fue anulado por los tribunales de justicia, se pasó a un programa más aquilatado y que buscaba mayor seguridad jurídica, durante el Gobierno del PP 2011-2015. Sin embargo, tampoco estas previsiones se cumplieron al cambiar de nuevo el ciclo político y acumularse retrasos en la programación y la gestión de proyectos. Cantabria incluso ha tenido que emplear dinero del contribuyente en indemnizar a empresas que concurrieron al primer concurso eólico. Se ha gastado mucho dinero, mucho tiempo y muchos recursos para un resultado que, veinte años después, resulta completamente decepcionante.

Ahora se invocan de nuevo esperanzas ante la siguiente legislatura, otra más. Pero nadie se atreve a garantizar nada, teniendo en cuenta el laberinto de trámites y las condiciones que aún pueden recaer sobre los 35 proyectos que en la actualidad se están evaluando. La descoordinación entre administraciones es clamorosa y afecta a todo el proceso. Y no existe un debate real sobre el precio que la comunidad estaría dispuesta a asumir a cambio de su contribución a este tipo de energía. Solo hay espasmos político-administrativos, seguidos de movilizaciones sociales y litigiosidad. Apelar a la credibilidad cuando en veinte años no se ha implantado ningún parque es una reclamación excesiva a la opinión pública de Cantabria. Nada indica que la comunidad vaya a disponer a medio plazo de una red consistente de parques de energía eólica terrestre. No es rotundamente imposible, pero tampoco hay, a día de hoy, signos suficientes como para expresar una confianza sin matices.

Este fracaso eólico se extiende a todas las demás energías renovables. Cantabria no destaca en eólica marina, ni en aprovechamientos solares (fotovoltaicos o térmicos), ni en incremento sustancial de la hidráulica, con el siempre preterido proyecto de ampliación de la central de Aguayo. El Diario Montañés publicó en julio de 2012 el anuncio público de la compañía gestora entonces de Aguayo de que las obras de ampliación comenzarían en 2014. Más de diez años han pasado entre aquel compromiso y las no-obras actuales, sin que por parte de la comunidad autónoma se haya tomado esta situación como merecedora de activas gestiones políticas.

No se trata, pues, solamente, de la eólica terrestre, aunque en esta el fracaso resulta especialmente clamoroso, sino del conjunto de las energías renovables. Es difícil creer que la región se ha tomado en serio la transición energética. Las habituales declaraciones políticas y ocasionales planes no han sido secundados por ningún fruto hasta la fecha. La contribución cántabra a la lucha contra el calentamiento global y a la autonomía energética de España es, en estos momentos, ínfima. El vacío de resultados es realmente insólito. Cantabria se comporta como si este vacío no estuviera ya teniendo consecuencias ambientales, económicas y sociales negativas en la comunidad.