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Hace un par de semanas leíamos en El Diario Montañés que unos policías locales habían multado con cuatrocientos euros a dos camioneros polacos que llevados por su GPS se introdujeron en una vía verde de su municipio. Claro que, expuestos los hechos, la cuestión es, ¿ ... se metieron por esa vía porque querían? Es evidente que no, que fue causa de un error inducido por su equipo de orientación. ¿Debe un error de esa naturaleza ser causa de sanción? Si aplicamos la ley de forma automática, sin valoración de las causas que producen la falta, es posible que la respuesta sea afirmativa, pero si aplicamos el sentido común –ah, ese sentido tan poco común al decir de la voz popular– es seguro que no, que lo que procedía en tal caso es ayudar a quienes se vieron involuntariamente cogidos en una trampa de difícil y costosa salida, tal y como hicieron algunos vecinos. A tal efecto, nada cabría añadir a lo expuesto en 'cartas al director' por Roberto Gancedo el día siguiente a la publicación de tales hechos en El Diario Montañés, pues la claridad con la que exponía su indignación por la actitud de tales funcionarios, y la inhibición mostrada por quien del mismo dependen, estoy seguro es la indignación compartida por muchos ciudadanos cántabros cuando leyeron tales hechos en las páginas de este periódico, por lo que sus palabras no precisan de más comentarios.
Este comportamiento de aplicación de las leyes que tantas veces vemos en nuestra administración es consecuencia de la visión que la misma tiene, y con ella muchos de sus funcionarios, de su misión sancionadora más que de colaboración con los ciudadanos a los que sirven –mas bien habría que decir a los que debieran servir, pues de ellos perciben sus salarios– y de prevención para evitar posibles errores, cometidos muchas veces por desconocimiento más que por voluntad de así hacerlo. Ello no significa que no sea necesario sancionar determinadas conductas, no, ni mucho menos, ya que cuando el ciudadano, una vez advertido y corregido su erróneo proceder persiste en el mismo la sanción debiera ser ejemplar, pues no sería lógico tratar a quienes cumplen sus obligaciones con la misma medida de quien pertinazmente las incumple a pesar de las advertencias hechas al mismo.
Planteadas así las cosas parece razonable pensar que, ante tales comportamientos, una parte importante de nuestra administración pudiera ser sustituida por robots –elementos a los que no habría que incentivar en función de las multas que impongan– los cuales sancionarían sin más miramientos a los camioneros que se cuelan por una senda que no les corresponde –pues a los mismos les traería sin cuidado que tal error hubiera sido voluntario o inducido por un artefacto electrónico– al igual que el control y sanción de nuestras responsabilidades fiscales o laborales podrían ser encomendadas a máquinas más o menos inteligentes que podrían sancionar –sin preocuparles las motivaciones o circunstancias concretas– nuestros errores, en vez de buscar ese veinticinco por ciento de economía sumergida que dicen los expertos que existe en nuestro país, no para sancionarlo sino para una vez emergido hacer que contribuya como los demás en el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar.
Ante tales comportamientos no sorprende la opinión que de nuestra administración tienen los extranjeros, al igual que los nacionales, que en un momento dado deciden invertir y emprender en nuestro país cuando chocan con la burocracia que paraliza todos sus proyectos y que sólo encuentran desconfianza y dificultades en su trato con la administración, cuando lo único que pretenden es poner en marcha una empresa y crear puestos de trabajo y riqueza, actitud que muchas veces les desanima y acaban por tirar la toalla, cuando no marcharse con sus proyectos e iniciativas a otros países donde poder desarrollar los mismos sin tantas trabas ni dificultades.
Dado que muchos son los ejemplos que podríamos poner para ver que en nuestra actual administración sería fácil sustituir una parte de ella, y de los servidores públicos que en la misma trabajan, por robots programados a tal fin, pues seguramente, además de más baratos, nadie notaría la diferencia, creo que sería necesario hacer un cambio profundo del concepto que la administración, y algunos de sus funcionarios, tienen de su razón de ser, para que una y otros pasaran de una misión sancionadora a una de prevención, de la desconfianza hacia el ciudadano a la colaboración con el mismo, de la búsqueda de la posible falta al análisis con el administrado de sus obligaciones y las soluciones a las mismas, para así, y solo así, sancionar de forma ejemplar a quien a pesar de ello persista en defraudar la confianza puesta en él.
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