¿Y ahora qué?

Por un momento pareció detenerse el pulso de la vida política nacional, cuando Junts votó contra la Ley de Amnistía supuestamente negociada con el gobierno PSOE. Pero estábamos ante una pirueta estratégica de la negociación, que ha alcanzado ya en nuestro Parlamento hasta el momento culminar del procedimiento legislativo. La votación contraria a una ley parece haber dejado de significar su rechazo; ahora basta con incorporar en ella las nuevas exigencias impuestas en la negociación y votarla de nuevo cuanto antes. Pero, si esto pasa y los letrados del Congreso callan ¿no significaría que el procés ha infectado ya al cuerpo que vela por la corrección jurídica del legislativo?

En realidad, el 30 de enero el presidente del Gobierno quiso poner a prueba la resiliencia de Junts, sometiendo a votación un proyecto de ley que no satisfacía todas sus exigencias. A lo que este partido respondió, votando en contra, recordándole que le ha puesto en el cargo para cumplir los pactos de investidura. Conviene observar el distinto tipo de liderazgo y de partido político que encarnan el PSOE y Junts, pues de esto depende la manifiesta asimetría que parece presagiar descarrilamiento.

Colin Crounch, que acuñó el término Post-democracy (2005), explicó en este libro los cambios acontecidos en los partidos políticos desde la empresa global, sus grandes ejecutivos y el corporativismo. La relación entre el partido político y su electorado ya no tiene según él una estructura de círculos concéntricos que, desde el nuclear del presidente y sus asesores, llega hasta el gran círculo del electorado; ni aquél es elegido por el aparato del partido establecido por las bases. Esa relación forma ahora una elipse que comienza con el líder triunfante y su círculo de confianza, y se extiende más allá del partido hasta los grupos económicos de presión. Estos se relacionan con ese núcleo político, a través de las empresas que acaparan los servicios públicos privatizados o subcontratados, cuando gobierna. Pues los partidos posdemocráticos se han convertido en empresas anfibias público-privadas, que subcontratan productos y se dedican a desarrollar su imagen de marca y captar votantes. Liberados de lo sustancial, se concentran en asociar su partido con imágenes y conceptos deseados, incluidas celebridades. La calidad real de los servicios cuenta menos.

El PSOE actual es un partido posdemocrático de concepto progresista, que no encaja bien en el modelo Crounch. Mantenerse en el poder y gobernar es la única idea rectora de su líder triunfante, rodeado de un estrecho grupo de negociadores y publicistas, celosos de la imagen de marca. Pero tiende a financiar y subcontratar, inflando el sector público de manera insostenible a largo plazo. Y de su hoja de ruta, de profundización en la democracia, forma parte un proceso de reconstitución del Estado, integrador de los procesos soberanistas en curso.

Junts responde en cambio a un tipo de partido posdemocrático populista, el soberanista tradicional, que promueve ante todo y sobre todo un concepto de marca que no reconoce la legitimidad del Estado de derecho español, ni su justicia en Cataluña. Recojo traducido ese concepto, tal y como lo publicita la Web de Junts, y ustedes juzgarán si cabe esperar su integración en alguna forma plurinacional de nuestro Estado democrático:

«La independencia es viable e inevitable; el proceso no tiene vuelta atrás. Queremos la libertad plena para nuestro país y nuestra gente, por eso somos leales al compromiso de hacer efectivo el mandato del 1 de octubre y conseguir la independencia. Porque es la única solución para acabar con la represión, el recorte de derechos, la persecución política y las causas judiciales, que el Estado español ejerce contra los más de 3.000 represaliados, los afectados por el Tribunal de Cuentas y los consejeros exiliados Clara Ponsatí y Toni Comín y el presidente Carles Puigdemont».

La vida política española no se ha detenido, encierra un hervidero de negociaciones. Encogidos hemos visto a dos responsables de nuestros principales representantes políticos en una mesa presidida por el Comisario Europeo de Justicia, tratando de encauzar la renovación de una institución clave para el porvenir de nuestra democracia. Ahora, además de subvencionados, parece que también estamos tutelados políticamente. El gobierno de España ha tenido en su mano la renovación del CGPJ desde la investidura del señor Sánchez en enero del 2020. Le hubiera bastado con modificar la ley orgánica 4/2013 de reforma de ese Consejo para adaptarla a la legislación europea. Pero no lo ha hecho, y no creo que ahora Junts le permita hacerlo. Este partido soberanista quiere servirse de su gobierno PSOE para infectar por vía de nombramiento la principal instancia judicial que resiste a su procés.