Un siglo de servicio público

Pasado un siglo de dichas palabras tenemos que preguntarnos cuánto hemos avanzado, y si los retos que pretendía afrontar el legislador con la reforma del régimen municipal son los mismos que ahora se plantean al municipalismo del siglo XXI. En muchos casos debemos responder afirmativamente, puesto que la idea de la desfragmentación de un cuerpo centenario como el nuestro no ha dejado de pender sobre nuestras cabezas, máxime en los tiempos actuales, tratándose de una reivindicación de los partidos nacionalistas con el objeto de contar con cuerpos autonómicos; esto es, de dividir la habilitación nacional para conformar una habilitación autonómica.

Desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (Cosital Cantabria) nos mostramos convencidos de la conveniencia y oportunidad de mantener un cuerpo nacional unido, con un acceso único por oposición, la cual respete los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, y que sea capaz de afrontar de manera conjunta los grandes retos que suponen la Administración del siglo XXI, donde se debe avanzar decididamente en la digitalización, en el relevo generacional de los funcionarios que accedieron a la Administración en la década de los ochenta, en la prestación de servicios públicos de calidad para la ciudadanía, así como en garantizar la legalidad y una correcta gestión de los fondos públicos.

Otro de los aspectos fundamentales de una Administración moderna es la necesaria contribución de la misma a la generación de crecimiento económico, siendo un mandato imperativo para el conjunto de ellas crear, en la medida de sus posibilidades, las condiciones necesarias para el desarrollo de la iniciativa privada en su ámbito territorial. Para ello, una contribución esencial es el empleo de medidas de intervención que aúnen la necesaria seguridad jurídica con el principio de mínima intervención. En este sentido, como ya apuntaba el Estatuto Municipal de 1924, los habilitados nacionales han de ocupar un papel fundamental como directivos públicos, capaces de gestionar el cambio necesario en las Entidades Locales para la consecución de una Administración más ágil, creando un entorno propicio y favorable para la creación de economía.

No debemos olvidar una cuestión fundamental de la época actual, máxime en regiones como la nuestra, donde el mayor reto demográfico al que nos enfrentamos es la despoblación de los núcleos rurales. Se antoja necesario e imprescindible llevar a cabo un plan de choque para combatir el mismo, siendo conscientes de la importancia que tienen las administraciones públicas en facilitar la vida de los vecinos de los núcleos rurales. Por ello, consideramos que la mejora en la prestación de servicios públicos de los municipios más pequeños es una cuestión fundamental para asentar población y, para aquellos que ya viven allí, mejorar su calidad de vida. En este sentido, el papel de los habilitados nacionales, trabajando de manera conjunta con los gestores públicos es capital para llegar a alcanzar ese derecho ciudadano, reconocido a nivel comunitario, a una buena Administración.

En suma, opinamos que los grandes retos que han de afrontarse desde la Administración local, no olvidemos que se trata de la institución más próxima al vecino, serán más alcanzables si este cuerpo de funcionarios permanece unido, manteniendo su carácter nacional; como muestra de la independencia en el ejercicio de las funciones que el ordenamiento jurídico nos encomienda, con su consecuente mejora en la gestión de las Entidades Locales y, por lo tanto, con una prestación de servicios públicos, en definitiva, más eficaz y eficiente para toda la ciudadanía. Tal es así, que este anhelo de unidad fue el motivo de la creación del propio Cuerpo, como bien resalta el Estatuto de Calvo Sotelo, por lo que no se antoja necesario modificar aquello que ha funcionado razonablemente bien durante un siglo.