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El Gobierno presentó ayer sus intenciones tributarias al anunciar incrementos temporales para los mayores patrimonios y rendimientos del capital, así como en el Impuesto de Sociedades de grandes empresas durante los dos próximos ejercicios. Mientras, rebajará el IRPF para quienes ganen menos de 21. ... 000 euros brutos al año, eximirá de declarar a los que perciban hasta 15.000 y reducirá la presión fiscal sobre autónomos y pymes. El proyecto expuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, persigue sin duda dos objetivos políticos: facilitar el acuerdo con Unidas Podemos sobre los Presupuestos de 2023 y salir al paso de la marejada fiscal desatada desde las comunidades autónomas.
El primero de ellos está ya al alcance de Pedro Sánchez, aunque, una vez apuntalados cambios duales en el cuadro impositivo, tampoco sería extraño que desde las filas moradas surgieran propuestas que sigan comprometiendo la posición inicial de la parte socialista del Ejecutivo hasta en el período de enmiendas parlamentarias. Más dudoso resulta que Montero consiguiera persuadir a comunidades de distinto signo de que no apuren las posibilidades que la normativa vigente les brinda para hacerse valer en materia tributaria. Bien sea para atenuar los efectos de las medidas anunciadas sobre los grandes ahorradores, bien con el propósito de ampliar las rebajas fiscales en los tramos de menor renta.
Las dudas aumentan a la hora de prever sus efectos reales. El Gobierno insistió en su narrativa de recabar una mayor aportación por parte de los que más tienen para cubrir las necesidades de los colectivos más desfavorecidos. Los cambios tributarios representan un gesto que, como tal, satisfará a determinados segmentos de la población e incomodará a otros. Pero más difícil será que el erario obtenga el dinero añadido del que presume el Ejecutivo. O que el alivio fiscal ofrecido a los contribuyentes con menor poder de renta sea percibido de forma neta por estos. También por eso sería conveniente que todas las instituciones con competencias de Hacienda rebajasen tanto el tono de sus invectivas como el de las expectativas que pregonan. No tiene sentido hablar de «confiscación» ni de «chamanes fiscales» en un duelo de hipérboles sin fin. Los ciudadanos necesitan un mínimo de certidumbre, soluciones y ayudas que nunca provendrán del enconamiento partidista, cuando ya hasta los anunciantes han perdido la cuenta de sus promesas.
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