Privatiza y que lo haga otro

Este caso es el ejemplo extremo de una 'moda' –por llamarlo de algún modo– instalada en la Administración pública de Cantabria. Con 35.000 funcionarios, somos la segunda comunidad con más porcentaje de empleados públicos sobre residentes –el 8,3%, solo por detrás de Extremadura–, pero aún así necesitamos pagar a una empresa privada para organizar una fiesta de Carnaval.

También el Gobierno lleva desde hace tiempo lanzado a la privatización de tareas que históricamente han recaído en los funcionarios, como la gestión de fondos públicos. En la pasada legislatura, con el bipartito en Peña Herbosa, el PSOE encargó la tramitación de las ayudas covid a empresas vinculadas con su partido, igual que la elaboración de la Ley de Juventud. En esta legislatura hemos visto cómo se pagará un millón de euros para que una empresa externa haga el Plan de Carreteras, mientras que los sindicatos ya han denunciado que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales ha privatizado la tramitación de los expedientes de atención a personas en situación de dependencia. Pero tranquilos, porque la concejala de Torrelavega ha dicho que «esto no es privatizar». Es solo que lo haga otro.