El idioma, arma de destrucción

El idioma debe ser siempre un instrumento de comunicación, nunca un muro que evite la permeabilidad y el desenvolvimiento de las personas. Los cerebros del independentismo, intoxicados por las doctrinas de un personaje atrabiliario y supremacista como Sabino Arana -que sigue siendo honrado en el País Vasco- o los herederos de un carlismo trasnochado y elitista como Jordi Pujol y sus acólitos, han entendido que la única forma de crear un caldo de cultivo independentista era cerrar fronteras, impedir el libre asentamiento de los españoles en cualquier parte del territorio.

En naciones con una fuerte raíz republicana, como Francia o Alemania, mantener una lengua común en todo su territorio y para todos sus habitantes es esencial, ya que permite que cualquier persona pueda trabajar en el sector público sin muros ni vetos y, de esa forma, se evitan los guetos. Un país funciona cuando los ciudadanos pueden optar a una plaza como educador, médico, administrativo, etc., en todas las convocatorias públicas que se oferten. Cuando, como ocurre ya de facto en España, eso no es posible, se debe aceptar que se ha creado un grave problema que fomenta la desigualdad y que convierte a las regiones en corralitos que impiden el acceso a quienes, teniendo una preparación académica o técnica adecuada, se les rechaza por no dominar un idioma que no es el que todos los españoles tenemos el derecho a utilizar y la obligación de conocer.

Ya en la Transición se aceptó que en el texto constitucional figuraran regiones de primera y de segunda categoría, pero esa discriminación no terminó ahí, sino que los partidos nacionalistas han empleado el idioma como una herramienta para impedir que los españoles, sin importar su lugar de nacimiento, accedan a un puesto en la administración de Cataluña, Galicia o País Vasco porque en las oposiciones se exige el conocimiento de la lengua autóctona. Con ello se vulnera la Constitución y se fulmina el bilingüismo, tan reclamado por los nacionalistas en las primeras etapas del rodaje del estado autonómico.

Ahora la ley Celaá legaliza una práctica que ya se estaba llevando a cabo: la supresión del idioma español en las aulas de Cataluña, Galicia y País Vasco. Las nuevas generaciones deberán estudiar en el idioma regional y con ello se impedirá la movilidad de las familias españolas. ¿Cómo ir a trabajar a un territorio en el que los hijos deban cambiar de lengua para su formación? ¿Cómo salir del corral de la propia región si para ganarse la vida en otra te obligan a cambiar de idioma?

La consagración de la desigualad que propicia la ley Celaá es un paso más para que el independentismo controle un instrumento para destruir los cimientos constitucionales, que no son otra cosa que los valores republicanos: la igualdad de oportunidades, la solidaridad entre las regiones ricas y pobres y la libertad para ejercer la profesión en cualquier lugar. Con el idioma, a modo de correa de sujeción, los gobernantes quieren evitar que las personas puedan abrir su mirada y ver más allá de la valla de las fronteras de la comunidad autónoma.

Para los cántabros, especialmente para los jóvenes, esta ley es letal: no podrán buscar mejores oportunidades en una buena parte de España, pero el resto si podrá venir a Cantabria a ejercer su profesión a nuestra tierra. Una desigualdad inaceptable.

Lo más sorprendente es que la eliminación de una lengua, que hablan 400 millones de personas y que abre puertas en medio mundo, sea perseguida por partidos políticos que profesan una ideología de izquierdas. Realmente, este aldeanismo de campanario responde más a unas ideas propias del carlismo o del conservadurismo más retrógrado que a un planteamiento de progreso, de fronteras abiertas y de libertad.

La ley de educación, recién aprobada en su primera fase, es un paso más hacia una España con ciudadanos de dos categorías, en la que quienes vivan en una región que no tenga una lengua minoritaria como escudo, se verán relegados y discriminados en su propio país. La desigualdad como bandera.