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M e preocupa esa corriente de opinión que imputa al Gobierno de Pedro Sánchez una tendencia intervencionista excesiva. Pienso en la propuesta (congelada temporalmente) para modificar la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, eliminando la exigencia de que sean elegidos por las ... 3/5 partes del Congreso de los Diputados. Avanzar esa modificación se debía a la negativa del Partido Popular a negociar la elección.
Pienso en la Orden del Ministerio de la Presidencia, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, para velar por la desinformación (hay países europeos que disponen de mecanismos de seguridad semejantes), que algunos confunden con la resurrección de la censura de la dictadura. Veremos quién y cómo se gestiona este delicado tema.
Pienso en la nueva Ley de Educación, calificada por alguien de letal o de ser una aportación a la estrategia de descristianizar España, que no ha gustado a la derecha política y mediática. Nadie podía esperar otra cosa, salvo que se hubiera hecho una defensa cerrada de la educación segregada por sexo y de la educación privada básicamente sustentada por organizaciones religiosas. La derecha política española hace difícil alcanzar acuerdos en temas educativos. Aunque inicialmente se manifestaba un amplio acuerdo sobre temas importantes, en esta octava nueva Ley de Educación desde 1978 no ha sido posible el necesario consenso final. Eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional, para blindar así el modelo de inmersión lingüística vigente en Cataluña, no ha favorecido un posible acuerdo final, aunque como se ha demostrado suficientemente ese modelo de inmersión lingüística no ha perjudicado el uso del castellano en Cataluña.
No me gusta que el Grupo Parlamentario Socialista pueda buscar apoyos en Bildu, como tampoco me gusta las coaliciones gubernamentales con Podemos en España o con los regionalistas en Cantabria. Pero la aritmética parlamentaria requiere de acuerdos.
Las elecciones generales de hace ahora un año reiteraron una fragmentación política iniciada en 2014. PSOE y Podemos no alcanzaron entonces un acuerdo viable y los resultados electorales de 2019 les obligaron a buscar una mayoría más o menos estable. No fue posible una gran coalición entre los dos bloques a la derecha y a la izquierda que hoy lideran el arco parlamentario en España. A quienes hemos vivido el bipartidismo en la política española, nos cuesta resignarnos a que pueda ser algo del pasado. Quizá por eso nos tachan de antiguos. El Gobierno que preside Pedro Sánchez quiere evitar una nueva prórroga de los Presupuestos del Ministro Montoro y necesita aprobar los Presupuestos de 2021 para pensar en agotar la legislatura, pero para esa aprobación necesita encontrar apoyos, porque son unos presupuestos necesarios para España y para las Comunidades Autónomas. Aunque esa necesidad de apoyos no necesitaba que el líder de Podemos, deseoso de fotos y protagonismo, elogiara a Bildu y le incluyera como un activo en la dirección del Estado. A muchos socialistas nos molesta el exhibicionismo de Iglesias y de Otegui y no nos reconocemos en esa política, mientras Sortu, el partido matriz de Bildu y heredero de Batasuna, no reconozca la injusticia del terrorismo y el daño causado en vidas humanas. Relacionarse con la izquierda abertzale entraña riesgos.
Mi deseo personal era que el sector socialdemócrata del Gobierno pactara un acuerdo con Ciudadanos, a pesar de las zancadillas de personajes como Albert Rivera, fiel escudero ayer y hoy del PP, favorable a los acuerdos con sus colegas de la foto de Colon (PP y Vox) y reacio a un pacto con el PSOE.
El documento firmado en 2016 por Sánchez y Rivera, no concluyó con la investidura y un gobierno. Rivera estaba convencido de que podía superar a Sánchez y llegar a la Moncloa y Sánchez se decidió por buscar los apoyos de Podemos y los republicanos catalanes. Se sabe que Podemos y ERC han hecho siempre lo posible y lo imposible para que Ciudadanos no decida en la política nacional. En mi opinión, sería bueno que el PSOE evitara más trampas y torpezas irresponsables de Podemos y colaborara para hacer de Ciudadanos un actor más relevante en la política española. La mayoría de la sociedad española desea que se aparque la fratricida política de bloques en la vida parlamentaria y que se avance en la estabilidad a medio plazo. La derecha de Casado no facilita esa estabilidad.
La socialdemocracia construida en España durante la Transición en torno al PSOE, logró articular las reformas que el país necesitaba. Los errores de Rodríguez Zapatero y la respuesta europea a la crisis de 2008, cuestionaron aquella trayectoria. El PSOE actual debiera reaccionar para garantizar valores esenciales de la democracia y no ceder a las presiones de algunos de sus aliados parlamentarios. Importa mantener apoyos, pero no todos son moralmente aceptables, porque no se pueden cuestionar valores, derechos y libertades a los que la socialdemocracia no puede renunciar ni poner en duda. La obligación de un gobierno socialdemócrata es sustentar las instituciones de la propia democracia, que son las que nos defienden de iluminados, tontainas y demás populismos redentores.
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